Los fiscales que investigan el presunto tráfico de camas UCI en el hospital Guillermo Almenara pidieron al Poder Judicial que dicte prisión preventiva de 36 meses para siete de los nueve detenidos por el caso denominado “Los Ángeles Negros”.
Tras vencer los siete días de investigación preliminar, el titular del Tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, presentó el pedido porque considera que las pruebas recolectadas son abrumadoras.
Asimismo, dijo que —dadas las características del caso— es urgente que queden en prisión los acusados Ana Cecilia Aróstegui Girano y su hijo Sebastián Bazalar Aróstegui, Iraida Vanessa Muñoz Arróspide de Agarini, Pedro César Pino Gonzales y su hijo Piero Jesús Pino Carmona; así como Nery Ochoa Menacho y Vanessa Recuenco Ochoa.
Mientras que para los investigados Miguel Ángel Agarini Barraza y Luis Diego Alejandro Moreyra Muñoz se presentó requerimiento de comparecencia con restricciones.
Para el Ministerio Público ellos serían presuntos autores de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias) y otros en agravio del Estado.
Sin embargo, ayer por la mañana, el Poder Judicial reprogramó la audiencia en la que se iba a evaluar la prisión preventiva de 36 meses para los investigados.
Los abogados solicitaron a la jueza la postergación porque, aseguraron, fueron notificados recién el miércoles y, por lo tanto, necesitaban más tiempo para revisar los 2.143 folios.
La jueza trasladó la consulta al fiscal Reynaldo Abia, quien dijo no tener problemas con esta solicitud y, posteriormente, anunció la reprogramación de la audiencia para el sábado 31 de julio a las 10:30 a.m., además de los próximos lunes 2 y martes 3 de agosto.
Este sábado se iniciará la evaluación del pedido de prisión contra Ana Aróstegui y su hijo Sebastián. El lunes siguen Pedro Pino y su hijo Piero, y el resto el martes.