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Sociedad

Piden a Sagasti que muertes en paro agrario no queden impunes

Trabajadores de agroindustrias de Chao enviarán misiva para acciones concretas a PCM, Poder Judicial y ministerios de Justicia e Interior.

Suboficial sindicado como responsable no recibió prisión preventiva. Foto: Jaime Mendoza/La República
Suboficial sindicado como responsable no recibió prisión preventiva. Foto: Jaime Mendoza/La República

Este 30 de mayo se cumplirán cinco meses de impunidad tras las muertes de un joven de solo 16 años, y de Reynaldo Reyes Ulloa, quienes fueron asesinados durante las protestas por el paro agrario en Chao, en Virú.

A la fecha, su presunto victimario, el suboficial de la PNP Víctor Bueno Alva, sigue libre y sin ninguna sanción por el Ministerio del Interior, pese a que al agente del orden se le captó en una fotografía cuando disparaba a matar a los manifestantes.

Además, tras las pericias del Ministerio Público se comprobó que la bala encontrada en el cuerpo de Reyes pertenecía al arma de Bueno Alva. Sin embargo, ello no fue clave para la audiencia del pasado 21 de mayo, en donde se rechazó el pedido de prisión preventiva contra el policía.

Por ello, los trabajadores, junto con los parientes de las víctimas, tuvieron una reunión para tomar medidas y decidieron enviar este lunes 31 de mayo una misiva al presidente Francisco Sagasti, Presidencia del Consejo de Ministro (PCM), ministerios del Interior y Justicia, así como el Poder Judicial con el fin de que el proceso continúe con transparencia y eficacia.

Así lo dio a conocer el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de San José en Virú, Felipe Arteaga, quien sostuvo a La República que se le dará un plazo de tres días para que responda este documento con acciones concretas, puesto que aún no hay justicia para las familias del menor de edad y Reyes Ulloa.

En ese sentido, Arteaga enfatizó que podría darse una nueva manifestación y/o procesos legales con el fin de que el sindicado como responsable afronta el correcto proceso y reciba cárcel, así como la reparación administrativa a las familias.

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