Tras la confirmación de que ocho trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa) recibieron tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, la Defensoría del Pueblo exigió la intervención inmediata del Ministerio Público y el cambio urgente de los responsables del proceso de inmunización.
Fue el coordinador regional de Inmunizaciones, José Antonio Enriquez, quien señaló que se identificó a los servidores inmersos en este problema, y aseguró que este caso se denunciaría en la Fiscalía Penal.
Agregó que los trabajadores habían sido inoculados con la vacuna de Sinopharm, pero también recibieron una dosis del insumo de Pfizer, pues consideraron que la primera no es efectiva.
En este contexto, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo, calificó este hecho como grave y pidió la máxima sanción administrativa y penal.
“Es lamentable que personal del órgano rector de Salud cometa hechos punibles en el marco del proceso de vacunación nacional”, expresó.
También remarcó que la Fiscalía Penal debe ejecutar acciones de oficio y que la Geresa debe iniciar el proceso administrativo disciplinario contra los responsables, así como ejecutar el cambio de los integrantes de la estrategia de vacunación.
“Las medidas a aplicar deben ser de inmediato para identificar a todos los responsables”, anotó.
Por su parte, la Contraloría General de la República también solicitó un informe a la Gerencia Regional de Salud en aras de la transparencia y cumplimiento de la norma.