La Defensoría del Pueblo identificó que los niños, niñas y adolescentes afectados por el consumo de agua con arsénico en el distrito de Pacora (provincia de Lambayeque) no reciben atención médica integral y continua, lo que pone en riesgo su vida y su salud.
La entidad, con el Oficio n.º 272, con fecha 6 de mayo de 2021, pidió al gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, tomar acciones de inmediato para proteger la vida de los 407 niños y niñas que tienen en la sangre presencia de arsénico por encima del valor referencial.
Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial, señaló a La República que entre febrero y marzo de 2020 se brindó atención médica solo a 162 menores, mientras que en enero de 2021, a 100 niños que forman parte del primer grupo del año pasado. Y en febrero del año en curso, son 58 atenciones y 14 referencias médicas al Hospital Regional Lambayeque (HRL).
“No es posible que, en más de un año, solo se haya brindado atención médica a 334 menores, y no de manera integral, pese que están en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas por el consumo de agua contaminada con metal pesado”, lamentó Hidalgo.
Asimismo, precisó que el 14 de abril de 2021, se realizó una supervisión al establecimiento de salud de Pacora y se constató que no tiene personal suficiente para tratar a los pacientes que necesitan ser evaluados e informados de su estado de salud.
Incluso se constató que este centro de salud no cuenta con infraestructura adecuada y equipo médico especializado que permita un tratamiento de calidad para los niños, niñas y adolescentes.
En esa línea, el funcionario señaló que la cifra de afectados (407) no es definitiva, pues todo indica que el número es mayor en una población de 2.284 menores, debido que la exposición al arsénico persiste con el consumo de agua contaminada.
“Esta situación vulnera el derecho a la vida y la salud que ampara la Constitución, el Código de Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño”, subrayó.
En ese sentido, exigió a la autoridad regional presentar un plan de trabajo en 15 días y destinar presupuesto para solucionar este problema. “Desde el 27 de agosto que se declaró el estado de emergencia en Pacora no se ejecutan acciones concretas”, anotó.
Advirtió que si el Gobierno regional no realiza una labor integral que garantice la atención médica integral a los menores, entonces denunciará el caso en la Fiscalía Penal y en la Fiscalía de Familia.