Paralelamente a la ola criminal que viven los territorios costeros de La Libertad por actos delictivos como el sicariato y la extorsión, hay una problemática de igual o mayor preocupación en el ande de la región: la minería ilegal.
En un último informe de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), se reveló que el número de mineros ilegales identificados aumentó un 60% desde el 2019.
En ese año, se tenía registro de cerca de 8.000 y, a la fecha, se reportan 20.000. Además, el número de mineros artesanales también se elevó en un 47%, ya que antes se tenía data de 4.000 de estos trabajadores y ahora hay 7.500.
La prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco, indicó a La República que la minería ilegal ha traído consigo otras situaciones de conflicto y delitos que involucran a organizaciones criminales internacionales, debido al tráfico de armas, explotación infantil, tráfico de blancas, tala indiscriminada de árboles y la evidente contaminación ambiental.
Según la autoridad, se tienen identificados ciertos lugares donde esta problemática se da con mayor incidencia: El Cerro El Toro, en la provincia de Sánchez Carrión; Quiruvilca, en Santiago de Chuco; Sayapullo, en Gran Chimú; Salpo, en Otuzco; mientras que en la provincia de Pataz, los territorios con más presencia de mineros ilegales son Parcoy, Ongón y Tayabamba.
Las investigaciones preliminares indican que los minerales, primordialmente oro y carbón, son extraídos y llevados hasta Nazca, en Ica, donde se procesa y luego, mediante el puerto de El Callao, son vendidos en el extranjero, sobre todo a los países de Asia.
Velasco indicó que se entabló comunicación con el Ministerio de Energía y Minas para hacer llegar la data actualizada de la minería ilegal. Según indicaron desde la institución, se tiene la política de la formalización de los mineros artesanales. Mientras que para los ilegales, la Fiscalía ya conoce sobre el tema para las diligencias e intervenciones.
Solo en Cerro El Toro, se estima que perdieron la vida más de un centenar de personas, producto de los trabajos con explosivos y químicos, así como por los homicidios reportados ante los conflictos por las pugnas de tierras.