La tarde del sábado, Jack Pintado Sánchez se apresuró a cargar la batería de su celular, alistó su mochila y salió de la casa de sus padres en San Martín de Porres. Acudía a su sexta protesta. Le dijo a un amigo del barrio que lo hacía para que los jóvenes como él pudieran crecer en una sociedad más justa.
“Mamita, voy a salir, pero dame mi propina”, le dijo a su adorada abuela y se fue contento. “Yo le pedí: ‘Hijo, cuídate mucho’”, recordó la afligida mujer. “Para mí es como mi muerte porque yo estoy muy enferma”, agregó.
Jack Pintado tenía 22 años. Pertenecía a una querida familia loretana. La noche del sábado, su padre se encontraba inquieto. Llamaba al celular de su hijo pero nadie respondía. Su mamá se sentía rara, estaba como incómoda. Presentía algo malo.
“Yo estaba cansado, me iba a acostar pero no sé por qué prendí la tele, y apenas encendí escuché que dos jóvenes habían fallecido. Se me heló el corazón”, recordó el padre de Jack Pintado.
El muchacho quería estudiar Derecho. Detestaba las injusticias. “Estos asesinos le frustraron sus sueños. Estas muertes no pueden quedar impunes, esas manos manchadas de sangre deben enfrentar a la justicia”, señaló óscar Pintado, luego de requerir apoyo para dar cristiana sepultura a su hijo.
Había nacido el 29 de septiembre de 1998 en Iquitos, Loreto, pero a los tres años lo llevaron a Lima, donde fue criada por su abuela.
El abogado de la familia, Jimmy Sotomayor, explicó que de acuerdo con la necropsia, Jack Pintado perdió la vida al ser alcanzado por 10 proyectiles (perdigones) en el cuello, cabeza y tórax.
Recibió la descarga mientras se acercaba a auxiliar a uno de los manifestantes que había caído herido. Los testigos dicen que nunca recuperó el conocimiento cuando se encontraba camino al hospital Guillermo Almenara. Poco después lo declararon muerto.
Seis días antes habían estallado las primeras chispas de lo que se convertiría después en una serie de protestas generalizadas, con miles de personas manifestándose en las calles contra el Gobierno de facto del Manuel Merino. Jack Pintado se desempeñó en estas jornadas como brigadista.
Al confirmarse la muerte de Jack Pintado, los manifestantes que se encontraban en la calle, los ciudadanos desde sus casas exigieron la renuncia de Merino como responsable del asesinato. Un cacerolazo ensordeció la capital. La protesta, la indignación, inundó las redes sociales. Pocas horas después, por desgracia, se confirmaría una segunda víctima mortal.
“Prometí a las estrellas cuidar la tierra, salvar, reciclar, protegerla siempre. Únete a este desafío”, había escrito Inti Sotelo Camargo, alumno de la carrera de Guía Oficial de Turismo del Instituto Superior de Educación (CEPEA).
Sotelo había cumplido 24 años y era el orgullo de sus padres. Él fue con su hermano mayor a la marcha. Su muerte ha conmovido a sus compañeros de estudios y a sus profesores.
En un mensaje que compartió uno de sus maestros se observa el entusiasmo del joven por convertirse en un guía turístico, un sueño que quedó trunco.
El profesor de Patrimonio Histórico, Juan Dávila Herrera, escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook: “Aún sigo consternado por la noticia. Fue sin duda uno de mis alumnos más aplicados, muy seguro de sí mismo. Con muchas ganas de mostrar su país, con ese deseo ávido de aprender y conocer”, expresó.
“Exigía terminar sus exposiciones porque sabía que se había esforzado y hecho un buen trabajo, tenía razón. Relajado, franco e irónico, el turismo se perdió un excelente guía oficial de turismo. Descanse en paz, señor Sotelo, y que su muerte no quede en vano”, subrayó.
“La policía lanzó perdigones al cuerpo, a matar. Mi hermano ha fallecido porque la policía lo ha matado por defender a su patria. Que su muerte no quede impune”, expresó Pacha Sotelo.
Denunció que mientras su familia estaba en el hospital, la policía llegó a su casa. “Yo desconfío de ellos, es probable que hayan llegado a sembrar pruebas”, dijo.
En el Cusco, la familia de Inti Sotelo salió a las calles para exigir justicia. Su tía, Lannia Camargo Ochoa, lo recordó como un apasionado por su cultura, es así que periódicamente visitaba la Ciudad del Sol. “Venía cada cierto tiempo. Era bien enraizado en su pacha mama (madre tierra), sus apus (cerros), sus auquis (hijo del inca). Él quería difundir su cultura cusqueña, su cultura andina. Nos lo arrebataron”, dijo muy afectada Lannia Camargo.
Rechazó la violenta forma en que la Policía Nacional acabó con la vida de su sobrino cuando protestaba por la situación que atraviesa el Perú. “Lamentablemente, anoche este gobierno asesino y corrupto ha hecho que se lleve a mi sobrino, Inti Sotelo Camargo. Mi hermana es de Sicuani (Canchis), ellos están allá (Lima), vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, sentenció la mujer.
Lannia contó lo impactada que se encuentra toda su familia por la muerte de Inti. "Definitivamente esto ha sido un shock para todos, estamos muy afectados. Mi sobrino ha sido asesinado, hay pruebas'', dijo.
Su primo Ryan Camargo le dedicó sentidas palabras por las redes sociales: “Sangre de mi sangre, amigo de mi infancia y héroe de esta patria… Hoy caíste defendiendo tus ideales y el de miles peruanos”.
Lo mismo hizo Illary Camargo: “Cumpliste tu misión, Jordán Inti Sotelo Camargo, gracias por existir. Un abrazo al cielo”. Así sea.
El abogado Jimmy Sotomayor confirmó que la policía no usó perdigones de goma sino de plomo, según la autopsia practicada a Jack Pintado. Señaló que el joven fue impactado por 10 proyectiles, dos de ellos en la cabeza.
El letrado explicó que el caso está en la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos humanos. La defensa legal va a solicitar que se aplique el artículo 108 del Código Penal y denunciará por homicidio calificado a los que resulten responsables, dijo a La República.
Sotomayor anotó que Jack Pintado estuvo estudiando Derecho y que fue asesinado por la policía que ya sabía que había una segunda marcha nacional. “Se hará justicia, caiga quien caiga”, afirmó.
Jack Pintado Sánchez recibió una decena de perdigonazos que le causaron la muerte. Fue víctima de la brutalidad policial.
Jack Pintado Sánchez recibió una decena de perdigonazos que le causaron la muerte. Fue víctima de la brutalidad policial.
Luego de verificar varias denuncias, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reportó la desaparición de 8 personas después de que participaran en las manifestaciones contra el régimen de facto de Manuel Merino. En un momento circuló la versión de que eran más de 40, pero en el transcurso de las últimas horas comunicaron que se encontraban en buen estado de salud.
Los jóvenes cuyo paradero se desconoce son Jefferson Barrial Acho, José Sánchez Túpac Yupanqui, Ruth Sánchez Mendoza, Christian Espinoza Nima, Edward Miracóndor Quispe, Miguel Vilca Báez, Renato Cuadra Terán y Robert Delgado Gonzales.
En horas de la mañana de ayer, la lista de desaparecidos sumaba 70 estudiantes con paradero desconocido, pero terminado el día se redujo.
La CNDDHH, que llevaba el conteo de desaparecidos en tiempo real, visitó dependencias policiales, hospitales y clínicas en búsqueda de las personas que no habían retornado a sus hogares.
“Toda la información referente a los heridos proviene del Ministerio de Salud y EsSalud, pero no se ha considerado a las clínicas, donde los estudiantes de las universidades privadas tienen seguro y puede que hayan acudido allí a ser atendidos”, explicó el presidente de la CNDDHH, Jorge Bracamonte.
Por su lado, el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, recorrió diferentes dependencias policiales buscando a los desaparecidos.
“Hemos estado en trece lugares, en la Divincri, en la comisaría de San Andrés, Cotabambas, Alfonso Ugarte y Dircote, entre otros. También tenemos un equipo supervisando el Pentagonito y la Escuela Militar de Chorrillos. No hemos encontrado a ninguno hasta ahora”, pero seguimos buscando, declaró Barrenechea. Cualquier información sobre las personas mencionadas es importante reportarla a las autoridades.
DESAPARECIDOS
Búsqueda. El Ministerio Público informó que fiscales penales especializados en prevención del delito y derechos humanos hicieron verificaciones en cuarteles y establecimientos policiales.