Arequipa: clan familiar con carrusel de empresas logró contratos con el Estado por S/ 2.2 millones de forma irregular

REPORTAJE

Deysi Pari, Josué del Mar y Fiorella Montaño

A los 19 años, Raúl Vilcapaza Colquehuanca se convirtió en el gerente administrativo de Alimento Procesado Instantáneo (Alproin). Una compañía que en 2013 cerró contratos por 1 millón 487 mil soles, el mismo año en el que había asumido el cargo. También es accionista de ProalPerú, junto a su hermano mayor, Rodrigo Vilcapaza Colquehuanca. Ambas sociedades comerciales, constituidas en Arequipa, se presentan como empresas distintas en procesos de contratación con el Estado, pero en realidad pertenecen a un mismo clan familiar.

Desde el 2007, la familia Vilcapaza Colquehuanca y sus allegados han fundado cinco empresas proveedoras de alimentos, con las cuales obtuvieron millonarios contratos otorgados por diferentes municipalidades, universidades, ministerios y otras instituciones públicas. Según registros y documentación oficial analizados para este reportaje, las compañías lograron contratos por 32 millones 311 mil soles en total, desde la primera vez que una sociedad comercial del clan empezó a contratar con el Estado.

En varios casos, incluso, las compañías se presentaban a los mismos procesos de adjudicación con sus diferentes razones sociales, como si no pertenecieran al mencionado grupo familiar. Las cinco empresas no participaban a la vez, sino por turnos de dos por lo menos, con la evidente finalidad de ampliar sus posibilidades de hacerse de la buena pro.

Con este modus operandi, entre 2008 y 2020 el clan familiar logró conseguir 12 adjudicaciones, cuyos contratos suman en total 2 millones 278 mil soles. La más reciente fue en abril pasado, en pleno estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, en un proceso de selección convocado por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Otras entidades que otorgaron buenas pro a empresas de los Vilcapaza cuando participaban en el mismo proceso de adjudicación son: las municipalidades provinciales de Tacna, Ica, Caylloma, Condesuyos, La Unión, Chumbivilcas, Ilo, así como la Universidad Nacional del Altiplano y el Ejército.

Esta situación es irregular, pues la Ley de Contrataciones con el Estado establece que los proveedores “cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, (…) en un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento”, según el artículo 11, literal “p” de la citada norma.

Consultado al respecto, el especialista Roberto Benavides Pontex explicó que, en el caso del clan Vilcapaza, el solo hecho de presentarse de forma separada limita la competencia efectiva, tal como se desarrolla en la exposición de motivos de la ley.

“Al contar con personas vinculadas y que estas ejercen un poder decisión al interior de cada compañía, se puede asumir que nos encontramos frente a un grupo económico. Es por ello, que si las empresas mencionadas presentan distintas ofertas en un mismo proceso de selección, se encuentran en lo señalado en dicho impedimento”, sostuvo.

Además de adjudicaciones, también participaron en otro tipo de procesos. Solo en 2020, mediante órdenes de compra —modalidad que permite la contratación directa sin procesos de selección—, Alproin y ProalPerú consiguieron contratos por 417 mil soles con entidades estatales que adquirieron alimentos por esa suma. El 24 de abril pasado, en un solo día, la Municipalidad Provincial de Nasca otorgó 16 contratos a ambas empresas, de forma directa.

En junio último, la Municipalidad Provincial de Caravelí realizó procesos de compra de alimentos para el programa de comedores populares, con recursos propios. A través de una selección de compañías que fueron invitadas a presentar sus ofertas, Alproin ganó un contrato de 14 mil 515 soles y ProalPerú otro por 7 mil 776 soles.

Un caso similar ocurrió durante 2019, en la Municipalidad Provincial de Arequipa. La Gerencia de Logística de la comuna pidió cotizaciones a tres empresas para la adquisición de víveres destinada a las canastas del programa PANTBC, que se entregan a enfermos con tuberculosis. Dos de las compañías pertenecían al clan familiar. ProalPerú y Alproin enviaron su lista de precios en diciembre de ese año, y consiguieron la venta de siete productos por separado. Este hecho fue evidenciado por La República en marzo pasado. Sin embargo, la comuna volvió a contratar con el grupo familiar posteriormente, en pleno estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus.

Eso no es todo. Como si fueran sociedades comerciales distintas por completo, ProalPerú y Alproin se han presentado como consorcio en 22 procesos de licitación, desde 2009.

Sobre este aspecto, el experto Roberto Benavides consideró que amerita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, ya que la coincidencia que dichas empresas vinculadas a un grupo económico le provean a una misma entidad en diversas órdenes de compras resulta “sospechoso”.

Inhabilitación por dos años

En 2013, Alproin fue inhabilitada para contratar con entidades públicas por 24 meses. La Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (OSCE) le impuso esa sanción tras concluir que la compañía de los Vilcapaza presentó información falsa en una adjudicación de la Municipalidad Provincial de Castilla – Aplao, en Arequipa.

El caso administrativo se remonta a mayo de 2012, cuando la empresa ganó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-2012 de la referida comuna. Un proceso para la compra de haba seca entera por un total de 18 mil 249 soles. Meses después de obtener la buena pro, la entidad detectó que Alproin usó un certificado de calidad de producto fraudulento.

En la documentación presentada por el proveedor se consignó el Certificado de Calidad Nº LLP-0434-2012, emitido por el Laboratorio Louis Pasteur. Ocurre que un documento con el mismo número obraba en un proceso de selección previo, para la adquisición de lenteja, y adjudicado a la compañía de los Vilcapaza Colquehuanca.

Consultado por la municipalidad, el laboratorio reconoció que el certificado de calidad correspondía a una muestra de lenteja. Además, negó que productos distintos puedan compartir un mismo código de certificación. Ante los indicios de fraude, la comuna alertó a OSCE. Alproin adujo que uno de sus empleados era el responsable de la falsificación, pero el alegato no convenció al Tribunal de Contrataciones.

Contratos en periodo de sanción

La inhabilitación de dos años a Alproin no frenó los negocios de la familia. Las otras cuatro compañías relacionadas al grupo familiar operaron durante el periodo de la sanción. Entre diciembre de 2013 y diciembre de 2015 obtuvieron cerca de 6.92 millones de soles en contrataciones con el Estado. Este monto corresponde a 64 órdenes de compra y 78 adjudicaciones, seis de estas últimas mediante consorcios conformados por empresas de la familia.

Entre 2008 y 2020, el 68% de los contratos de las cinco compañías con entes públicos se otorgaron vía órdenes de compra —que no requiere de un proceso de licitación— por una suma que supera los 5.8 millones de soles.

El origen del clan

La propia constitución de Alimento Procesado Instantáneo (Alproin) y ProalPerú Trade Market deja constancia que pertenecen al mismo grupo familiar.

La primera compañía mencionada tiene como representante y gerente general a Rodrigo Vilcapaza Colquehuanca, de 30 años, y como socio-accionista a su hermano Raúl Vilcapaza Colquehuanca, de 26 años.

De acuerdo con Registros Públicos, la empresa se creó en julio de 2007, y tuvo como primer gerente general a Juana Matilde Colquehuanca Puma, tía de los hermanos Rodrigo y Raúl Vilcapaza.

La relación con ProalPerú Trade Market resulta evidente en el registro de proveedores del Estado, en el que figura que los hermanos Vilcapaza Colquehuanca son socios y accionistas de esta compañía. Y como representante y gerente general aparece Rubí Ramos Montalvo.

Según el registro de Sunat, ProalPerú ha tenido varios domicilios fiscales. Al inicio de sus operaciones tuvo uno en el distrito de Socabaya, en Arequipa. En 2015, pasó a tener como dirección la avenida Nicolás de Piérola 832, distrito de Mariano Melgar, en la misma región. Este domicilio, en la actualidad, fue consignado por Alproin como su sede. Y, ahora, Proal Perú tiene su oficina central en la calle 8 de Diciembre León del Sur, en el distrito de Hunter, en la jurisdicción arequipeña.

La tercera empresa vinculada al grupo familiar se denomina Asociación de Productores Agrarios Grano Dorado Ocoña Camaná, que le pertenece a Samuel Víctor Vilcapaza Mamani, padre de los hermanos Vilcapaza Colquehuanca.

Las otras dos razones sociales que completan la baraja de compañías del clan son Asociación Pequeños Productores Nueva Esperanza del Sur Arequipa y Representaciones Nutrial. La primera, tiene como presidenta a Teodora Elena Colquehuanca Puma, madre de los hermanos Vilcapaza Colquehuanca. Mientras que Nutrial es propiedad de Diana Carolina Ramos Montalvo, hermana de la gerente general de ProalPerú.

Contante y sonante

El movimiento económico de las empresas de los Vilcapaza es boyante. Una década bastó para proveer al Estado cerca de 32 millones de soles en total, por parte de las cinco razones sociales relacionadas a la familia. Es decir, un promedio de 3.2 millones por año. Alrededor de 23.6 millones de soles fueron por adjudicaciones en procesos de selección, mientras que más de 8.6 millones corresponden a órdenes de compra.

En la zona sur del país se concentró la mayor actividad económica de aquellas compañías. Entre entidades públicas de Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua y Cusco se les contrató por más de 22.9 millones de soles. La suma más alta procede de la Ciudad Blanca, con 12.4 millones de soles.

La Municipalidad Provincial de Arequipa es una de las que más compra a estas empresas. Entre los años 2011 y 2020, la comuna adquirió alimentos por un acumulado de 5.9 millones de soles. Si bien el pico de contratos se registra entre el 2015 y 2016, durante la gestión del exalcalde Alfredo Zegarra, la actual administración edil de Omar Candia ha comprado más de 2 millones de soles con el mencionado clan empresarial.

En la región Arequipa también destaca el vínculo comercial con los municipios provinciales de Caravelí, Islay y Caylloma; de 1.6 millones de soles, 735 mil soles y 780 mil soles, respectivamente.

Asimismo, en los últimos meses intensificaron sus actividades con las municipalidades provinciales de Callao y Nasca. Entre los años 2019 y 2020, facturaron 5.1 millones y 946 mil soles respectivamente.

Durante la emergencia sanitaria obtuvieron adjudicaciones en municipios de Arequipa. Como Alproin obtuvieron cuatro adjudicaciones por un total de 543 mil soles, con las comunas de Alto Selva Alegre, Characato, Miraflores y Paucarpata. Mientras que, con ProalPerú, registraron dos órdenes de compra para la Municipalidad Provincial de Arequipa, por 34 mil soles. Desde que empezó el periodo de emergencia nacional por el COVID-19, las citadas empresas obtuvieron contratos por 2 millones 951 mil soles.

En el mismo contexto de la pandemia, Alproin accedió al programa estatal Reactiva Perú. Esta compañía inhabilitada en 2013 obtuvo un préstamo de 639 mil soles en Scotiabank, con aval del Estado. La cobertura de la garantía del préstamo asciende a 575 mil soles.

Evasiva y silencios

Al solicitar su versión para este reportaje, Rodrigo Vilcapaza respondió que no tenía que ver con los manejos de ambas compañías. Se volvió a solicitar la versión oficial de las empresas, a través de una comunicación electrónica y mensajes de texto a los números telefónicos de los accionistas, pero al cierre de la edición no hubo respuesta alguna.

Por su parte, Nilo Mariaca, gerente de la Municipalidad Provincial de Islay, señaló que en su gestión solo se contrató cuatro veces con Alproin y que no puede responder por los otros 19 contratos que la entidad firmó con las compañías del grupo familiar. Además, consideró que no tendría “nada de malo” que las dos empresas pertenecieran a una misma familia. “Quizá el papá y el hijo se dedican a lo mismo”, refirió.

Consultado al respecto, el abogado Jorge Sumari dijo que las acciones del grupo familiar revelan una concertación de voluntades para hacer alianzas estratégicas y de esta forma concursar en procesos y lograr contratos con el Estado.

El letrado añadió que se trata de una cubierta legal, de formalidad, con el fin de conseguir más contrataciones con entes públicos. Explicó que no configuraría un delito, pero sí podría haber una falta o irregularidad administrativa, como la vulneración a la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que reducen la oportunidad de otras empresas que participan en los procesos de selección.

(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe, en alianza con el diario La República, El Búho de Arequipa y reporteros independientes de diversas regiones del país.

(**) Josué del Mar es reportero en El Búho (Arequipa); Fiorella Montaño, en Convoca.pe; y Deysi Pari, en La República (Arequipa).

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