Contraloría informa que 9.000 servidores públicos se habrían beneficiado con canastas de víveres

El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que se elevó a más de 9.000 el número de servidores públicos que habrían recibido canastas de víveres a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable durante el estado de emergencia por la COVID-19.

Esto se dio a conocer a través de la presentación del informe “Control en tiempos de COVID-19”, el cual fue transmitido por Facebook.

Tras más de 100 días de gestión durante la pandemia, Shack recordó que a inicios del mes de junio la cifra ascendía a 4.212 pero hoy, agregó, ha crecido a más de 9.000. Sostuvo que, de ese total, hay evidencia que 2.600 recibieron las canastas, pese a que ganaban sueldos de 3.000 a 5.000 soles mensuales. La mayoría de los casos se encuentran en Lima, Iquitos, Junín, Piura, Cajamarca, Cusco y Huancavelica.

"Un claro despropósito respecto a la eficacia de la distribución de canastas de víveres", expresó durante la conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede de la institución.

Entre los problemas que motivaron la intervención del órgano de control se encuentran padrones de beneficiarios desactualizados, que la canasta se entregó a quien no correspondía, que llegaron tarde, que se sacaron algunos productos para reducir su peso, así como falta de registro sanitario o de fecha de vencimiento, entre otros.

Tal como lo dispuso el Gobierno, durante la supervisión de la compra y entrega de las canastas a la población vulnerable afectada por el aislamiento social, la Contraloría visitó 1.329 municipalidades de todo el país y participaron 400 auditores de la entidad.

Por otro lado, el titular de la Contraloría General también informó sobre los hallazgos encontrados en operativos de control en hospitales públicos, en el servicio de limpieza y desinfección del transporte, en el padrón de hogar para el subsidio monetario, en la compra de dispositivos informáticos para colegios públicos.

Asimismo, el informe incluyó el cobro de clínicas por pruebas moleculares de la COVID-19 que el Instituto Nacional de Salud realizó de manera gratuita; así como las compras realizadas por comisarías y centros penitenciarios. También, los informes de control al programa Reactiva Perú y al programa Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype FAE-Mype. “En total se emitieron 8.000 informes”, destacó.