Liz Ferrer Rivera
Tacna
Personal que labora en la construcción del nuevo hospital COVID-19 impidió ayer el ingreso de los consejeros regionales Jesús Chambi Flores y Edilberto Parihuana Mamani, quienes trataban de realizar una visita inopinada. Incluso Chambi denunció que se le arrebató su teléfono celular cuando grababa la diligencia.
El Gobierno Regional de Tacna inició en abril la construcción del hospital COVID para la atención de paciente moderados y graves. Esta infraestructura se ubica en el ingreso al sector de Viñani, en el distrito Gregorio Albarracín. La obra se ejecuta por administración directa y el presupuesto pasaría los 35 millones de soles.
Parihuana es presidente de la Comisión de Infraestructura y Chambi secretario. Ambos acudieron ayer por la tarde con sus implementos de seguridad e identificación para realizar la fiscalización del proyecto. Tras ser impedidos de ingresar convocaron a la Policía Nacional para que se levante una acta sobre lo ocurrido. La llegada de los agentes puso más nerviosos al personal del lugar y se dieron forcejeos y aglomeración en la puerta. Finalmente se detuvo al varón que fue identificado como la persona que arrebató el teléfono al consejero.
La Dirección Regional de Salud reportó ayer 919 personas positivas al COVID-19, detectándose un incremento de 40 casos entre el jueves y viernes. Del total de pacientes, el 46% han sido dados de alta y el resto continúa en aislamiento.
El director de Salud, Juan Cánepa Yzaga, dijo desconocer el nuevo plazo del gobierno regional para concluir la construcción del hospital COVID. Esta obra debió terminarse el 18 de junio pero se añadió una planta de oxígeno al proyecto. Cánepa mencionó que todo lo referido a la infraestructura ya habría sido concluído.
Pasado el mal momento, los consejeros regionales acudieron a la Comisaría de Gregorio Albarracín. También se presentó el procurador Ad Hoc de la Región, Juan Manuel Curo Curo.
"Estoy aquí en defensa de los intereses del gobierno regional y ver si existe un perjuicio.", comentó Curo a la prensa.
Los consejeros afirman que los trabajadores les impidieron el ingreso por órdenes del mismo Ejecutivo Regional.