Falta de control propiciaría tráfico ilegal en bosques secos de Lambayeque y Piura
Contraloría advirtió al Serfor sobre una serie de deficiencias en su regulación específica para manejar los bosques secos, lo que coloca en riesgo la sostenibilidad de este ecosistema.
Tras realizar una supervisión en febrero de este año, la Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de deficiencias en las sedes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) de Lambayeque y Piura, donde la falta de una regulación específica en los planes de manejo de los bosques secos pone en riesgo la sostenibilidad de este preciado ecosistema.
Incluso, la falta de control en los puestos de monitoreo permitiría la movilización de productos forestales inmersos en procesos judiciales, lo que restaría eficiencia a la lucha contra el tráfico ilegal.
Según el informe de orientación de oficio n.° 005-2020, las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Lambayeque y Piura utilizan lineamientos actualmente derogados y lineamientos para otro tipo de bosques (de selva y ceja de selva), debido a la ausencia de un plan específico para el manejo de los bosques secos.
“Los hechos descritos ocasionan el riesgo de que los volúmenes de productos forestales en los bosques secos, que vienen autorizando las autoridades forestales, sean mayores a lo existente en campo debido a la naturaleza distinta de las especies forestales poniendo en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas de bosques secos”, advierte el documento.
Luego de recopilar información de fines del 2019, el órgano de control verificó que la medición del diámetro realizada a las especies forestales autorizadas para su comercialización no cumplen con los lineamientos establecidos en el Plan General de Manejo Forestal, pues al medirlos en campo se observaron sobreestimaciones. Esto permitió la aprobación de permisos y autorizaciones con mayor volumen de madera.
Específicamente en Lambayeque, la Contraloría advirtió que los puestos de control de Olmos y Motupe no contaban con información actualizada y en tiempo real del estado de los títulos habilitantes, lo que permitiría la movilización de productos afectados con medidas cautelares o judiciales restando eficiencia a la lucha contra el tráfico ilegal de productos forestales.
En otras palabras, debido a la falta de un sistema de información integrado y del servicio de internet, dichos puestos de monitoreo no pueden realizar un adecuado control del transporte forestal. Incluso, los productos decomisados son almacenados en ambientes que no garantizan su protección, lo que podría originar demandas contra la entidad.
