Wilson Castro.
La Libertad. Entre seis a ocho funcionarios de la actual gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) fueron encontrados responsables de que se hayan malogrado 17 toneladas de alimentos en el año 2019 por mal almacenamiento, según revela un informe de una comisión especial de regidores del concejo.
Muchos funcionarios ya no están; sin embargo, eso no los exime de alguna responsabilidad civil o penal, y serán las instancias respectivas las que evaluarán el delito cometido.
“Estos laboraron en las áreas de Abastecimiento, Almacén de Alimentos, programas alimentarios, entre otros”, informó la regidora aprista Olga Cribilleros, integrante de ese grupo de trabajo.
También han sido hallados responsables el comité de selección y adquisición de productos del 2018, durante la administración del burgomaestre Elidio Espinoza Quispe. Se trata de alimentos como quinua, avena y hojuelas que iban a ser destinados para los clubes de madres.
La mayoría del concejo acordó, por unanimidad, que este caso pase a la Procuraduría de la MPT y se inicien las acciones administrativas contra los responsables, para que luego sean derivadas a la Fiscalía Corporativa de Lucha Contra la Corrupción de Funcionarios para las indagaciones respectivas.
Sobre una presunta responsabilidad del burgomaestre Daniel Marcelo Jacinto, la regidora indicó que el informe de la Contraloría de enero de este año 2020 determina que la responsabilidad es de quien dispuso el traslado de alimentos del almacén de la Urb. La Rinconada hasta el excomplejo Chicago, hoy complejo Chan Chan.
“Este complejo es una infraestructura para prácticas deportivas, por lo tanto ahí hay un grave problema o irresponsabilidad por parte de quienes determinaron el traslado. De acuerdo a las investigaciones efectuadas, el memorando (de traslado) fue elaborado por la gerencia municipal (a cargo en ese entonces de Edilberto Navarro). En la gestión pública los documentos determinan las responsabilidades. Ahora, de quién recibió órdenes el gerente, eso lo determinará la Fiscalía Anticorrupción”, puntualizó Cribilleros.
Según la legisladora, existe un acta de transferencia de stock de alimentos de fines del 2018 donde se le da conformidad. “Entonces, no se puede culpar solo a la gestión pasada”, acotó.