
Patricio Quintanilla Paulet
Rector U. La Salle
El Estado peruano está conformado por tres poderes fundamentales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de Organismos Autónomos y Gobiernos Regionales y Locales. Todos ellos tienen la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de la población, fin último de las autoridades.
Calidad de Vida
Este concepto incluye factores objetivos y emocionales. Dentro de los primeros tenemos la satisfacción de las necesidades básicas de la persona, alimentación, vestido, vivienda, educación y salud, lo que está relacionado con los niveles de pobreza del país.
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La reducción de la pobreza es consecuencia de varios factores, el primero de ellos es el crecimiento económico, medido como el aumento del Producto Bruto Interno (PBI), la distribución del ingreso y los programas sociales.
•Crecimiento económico que requiere, como uno de los principales condicionantes, la concreción de inversión privada y pública. Para la primera se requiere que el Estado proporcione las condiciones para facilitarla, asegurando respetar la institucionalidad, esto es respetar las “reglas del juego”, lo que por ejemplo no ha sucedido con el anuncio presidencial de la decisión unilateral de postergar un proyecto minero privado, a pesar de contar con la Licencia de Construcción; esto desalienta la inversión privada, especialmente extranjera.
La inversión pública es responsabilidad directa del Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, para lo cual no basta la asignación de recursos financieros, sino también la mejora de capacidades de los funcionarios, especialmente de las municipalidades distritales.
•Distribución del Ingreso, que se mide por el denominado “Coeficiente Gini”, que en el caso del Perú es mejor al de algunos países vecinos. Aun cuando suene a herejía, el alto grado de informalidad del país contribuye con esta situación.
Una política tributaria sana y eficiente, aplicando impuestos directos a los estratos de mayores ingresos, contribuye con ello.
•Programas Sociales, ejecutados con recursos públicos, lo que requiere la mencionada política tributaria.
Dentro de estos, distinguimos los que son estrictamente asistencialistas, con subsidio directo a los grupos más vulnerables de la población, que son necesarios, pero que no deben ser permanentes, sino solamente en situaciones extremas.
Los programas sociales de desarrollo son aquellos dirigidos a mejorar las capacidades de los grupos vulnerables, como por ejemplo Beca 18, que permite a jóvenes en situación de pobreza acceder a estudios universitarios, que de otra manera les sería imposible.
Conclusión
Adicionalmente la inseguridad ciudadana, por el nivel de delincuencia, atenta contra la calidad de vida de la población, que no puede realizar sus actividades cotidianas con normalidad.
Las autoridades deben tener claramente definido su objetivo de mejorar el bienestar general, lo que muchas veces no sucede por estériles discusiones políticas.

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