Por: Fernando Leyton y Jocelyn Herrera
La operación policial desplegada el domingo en Punta Negra, que fue presentada como un “golpe a la delincuencia”, entró ayer a otra fase de la investigación. Los resultados al final del proceso, según las autoridades, deberían ser el juzgamiento penal de los involucrados en hechos delictivos y la expulsión de todos los demás detenidos.
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Tras pasar la noche en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), las 124 personas detenidas en el Hotel Rojo fueron trasladas al complejo policial de la Av. Aramburú, donde fueron sometidos a la prueba de “absorción atómica”. Dicha pericia busca determinar si los intervenidos realizaron disparos con armas de fuego de forma reciente.
De manera paralela, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Morán, anunció que se reactivará el programa “Migración Segura”, con el objetivo de expulsar a todos los detenidos, incluso si no están involucrados en actos criminales.
“Al ser intervenidos en un inmueble donde hay drogas y armas, se evidencia que son personas de mal vivir. Ninguna de estas personas es buena. (…) Algunas estarán involucradas en delitos graves porque hay armas que han sido robadas. Por ello se harán los peritajes correspondientes. El resto será expulsado”, declaró el funcionario.
De acuerdo con la Ley de Migraciones y su reglamento, los ciudadanos extranjeros pueden ser expulsados en varios supuestos, entre ellos “realizar actividades que atenten contra el orden público, el orden interno o la seguridad nacional”, o presentar información falsa en los controles migratorios. Sin embargo, dicho castigo se hace efectivo recién cuando concluye el respectivo proceso administrativo.
Para la abogada penalista Pía Iparraguirre, el hecho de haber estado en el lugar donde se realizó el operativo es un indicio fuerte, pero en sí mismo no determina responsabilidad penal de todos los detenidos.
“No puedes calificar a una persona de delincuente sin tener evidencias. Se tiene que establecer si participaron en dichos actos delictivos, si de pronto estuvieron solo de visita o cuál ha sido su rol. El hecho de haber estado ahí puede ser un indicio para iniciar una investigación. Es un indicio fuerte, pero tiene que verse dentro de un proceso”, explicó la especialista.
En esa tarea se encuentra actualmente la División de Homicidios de la PNP, área que tiene a cargo las pesquisas. “Estamos haciendo todas las diligencias para individualizar las responsabilidades en los hechos delictivos expuestos”, declaró el coronel Eric Ángeles Puentes.
Hasta ayer en la noche, la Policía había confirmado que entre los 124 detenidos había 80 varones (73 venezolanos, seis peruanos y un colombiano), así como 44 mujeres (41 venezolanas, 2 peruanas y una colombiana).
De ese total, por lo menos seis serían personajes buscados por la Interpol, aunque todavía está pendiente que se confirmen sus identidades. También se sabe que 13 detenidos, entre ellos seis peruanos, serán investigados por separado al existir mayor certeza de participación en diversos delitos.
Entre los hombres también se logró identificar a dos presuntos involucrados en el asesinato ocurrido en el McDonald’s de Lince, pues sus rasgos y características coinciden con las pericias antropométricas gracias a los videos de seguridad. Sus nombres serían Cesar Daniel Salazar Bello (autor del disparo) y Luis David Flores Campos.
Según Morán, por información de inteligencia y una “fuente humana” se estableció que al menos uno de ellos se encontraba en el local del Hotel Rojo.
El coronel Ángeles, sin embargo, aseguró que la operación policial se venía desarrollando desde hacía más de un mes, pues se había detectado que en el sur del Lima existía un grupo de personas que se reunía para “conjugar actividades de diversión con planificación de actividades delictivas”.
Hasta ellos se llegó mientras se seguían las pistas de otras investigaciones por sicariato y robo agravado con lesiones o muerte. Se informó que los miembros más activos se reunían todos los fines de semana en locales alquilados, a los cuales ingresaban solo quienes habían sido invitados a través de un grupo cerrado de WhatsApp.
Algunas personas que llegaron hasta la sede de Dirincri se presentaron como familiares de los detenidos. Aunque no se identificaron, dijeron que en el hotel se realizaba una fiesta de música electrónica y que la entrada costaba S/ 40. Agregaron que el evento no se publicitaba en redes sociales porque se trataba de una actividad privada.
La hipótesis policial es que la fiesta era una fachada. Según el coronel Ángeles, debido a la cantidad de drogas y armas decomisadas es probable que la mayoría de personas conocería las actividades ilícitas. La investigación dirá si esto es así.
La investigación policial, que se realiza en coordinación con la Fiscalía de Lurín, considera que en el hotel intervenido se pueden probar una “pluralidad de delitos”, entre ellos tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, receptación y posiblemente explotación sexual.
Sobre este último punto, se está investigando si las mujeres detenidas estaban coludidas con los cabecillas o si eran víctimas de trata de personas. La PNP informó que en el local existían ocho habitaciones que eran alquiladas para “la oferta de servicios sexuales”.
La PNP también buscará determinar si todos los detenidos pertenecen a una suerte de “megaorganización”, o si acaso se trataba de una reunión a la que asistieron miembros de otras bandas más pequeñas.
A las 10 armas incautadas también se les realizarán pericias para establecer si fueron utilizadas en delitos anteriores. La Policía sospecha que sí.
Plazo. Morán dijo que la expulsión se realizará en “unos días”. Sin embargo, dada la cantidad de intervenidos, las diligencias podrían tomar más tiempo.
Proceso. Debido a que la información migratoria puede ser falsa, cada detenido debe ser identificado. Se pedirán sus antecedentes a las autoridades venezolanas y se les tomará declaración.
En la mira. Se investiga otros locales que usaban para las “reuniones”.
Martín Vizcarra - Presidente de la República
“He dispuesto que, con celeridad, a las personas que no han cumplido sus obligaciones migratorias y los extranjeros que ingresaron de manera ilegal sean inmediatamente expulsados”.
Carlos Morán - Ministro del Interior
“La inmensa cantidad de venezolanos ha llegado a Perú a librarse un futuro mejor, pero también han cruzado la frontera delincuentes que han falseado información. Deben ser expulsados”.
Carlos Scull - Embajador de Venezuela
“Condenamos que ciudadanos de nuestro país se hayan visto involucrados, ya que dañan la imagen de la gran mayoría que quiere trabajar y salir adelante. Vamos a cooperar con las investigaciones”.