Era la primera semana de diciembre cuando Zaida Rondán Huamán, de 26 años, fue asesinada por su pareja Juan Pérez Sousa. El crimen ocurrió en la habitación que alquilaban en Mala. Cuando la Policía llegó de madrugada a la vivienda, hallaron a un bebé de dos meses al lado del cuerpo sin vida de la joven madre. Era el hijo de la pareja que con su llanto había despertado a los vecinos quienes acudieron al inmueble para ver qué ocurría.
“Fue impactante para los policías ver al bebé allí, desprotegido. Un ser tan pequeño siendo testigo de un hecho tan horrendo. Inmediatamente fue llevado al centro de salud de Mala para ser examinado y allí se le protegió hasta la llegada de su tía y su abuelo maternos”, recuerda Rocío Gabriel, coordinadora del Centro de Emergencia Mujer (CEM) del distrito de Mala, al sur de Lima.
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Los familiares de la víctima viajaron a la capital desde Ticapampa, un distrito de la provincia de Recuay, en Áncash.
Y en paralelo a los trámites que tuvieron que realizar para llevarse el cuerpo de Zaida, un juez ordenaba la custodia del pequeño de dos meses que quedó a cargo de su tía Betsabé Rondán.
Una vez en Ticapampa, el CEM de Recuay realizó colectas para poder reunir desde pañales hasta leche para el menor pues, si bien su tía velará por él, no cuenta con los recursos económicos suficientes para emprender esta trascendental responsabilidad.
Con 168 feminicidios, el 2019 fue el año con más asesinatos de mujeres de la última década. Pero de la mano con esta cifra, también aumentó el número de menores de 18 años que han quedado huérfanos. Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, son 206 menores los que se han quedado sin madre. En el 2018 fueron 140.
“Hay que entender que un menor que ha pasado por una experiencia tan terrible como es perder a su madre en el contexto de un feminicidio, debe recibir atención personalizada inmediata y sostenida en el tiempo. Si bien los niños y niñas tienen capacidad de resiliencia por encontrarse en etapa de crecimiento, ese proceso de salir adelante no va a ser posible si no hay un acompañamiento adecuado de todo el sistema estatal: salud, educación, justicia. Y eso es lo que nos está faltando”, señala Rosa Puente, psicóloga infantil.
Y poco antes de Navidad, el feminicidio de Jéssica Tejeda y el asesinato de tres de sus cuatro hijos en El Agustino conmocionaron al país. El único menor sobreviviente necesita apoyo médico, emocional y económico urgente.
“Cada caso es diferente, pero en promedio se requieren de 12 a 16 sesiones de terapia como mínimo para un menor, lo que equivale a cuatro meses, y ello varía según la edad en la que se encuentre. Y ojo, los niños pequeños también sienten el impacto; que no puedan verbalizarlo no significa que no se dan cuenta de lo que ocurre”, añade la psicóloga.
“Tras la muerte de una mujer con hijos, inmediatamente debería activarse un subsidio del Estado que esté libre de trámites y que sea excepcional. Debe ser inmediato porque se trata de menores que quedan sin madre ni padre, pues este va a la cárcel. Quedan en una desprotección que debe ser asumida por familiares que no están preparados para ello. ¿Qué se está esperando?”, señala Gennie Dador, abogada especialista en temas de género.
Es una pregunta que también se hacen los cuatro hijos menores de Katty Ríos, una de las últimas víctimas de feminicidio del 2019.