Madres de víctimas de feminicidio protestaron contra la inacción del sistema de justicia

Estéfany Luján

“¡Por todas las que nos falta, ni un minuto de silencio!”, “¡Justicia, queremos justicia!”, eran las dolorosas arengas que las madres y hermanas de las víctimas de feminicidio repitieron con la voz firme frente a la sede principal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) a fin de reclamar acceso a justicia para sus muertas.

La actividad se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este lunes 25 de noviembre en todo el mundo.

Estas mujeres que luchan en medio del dolor, son las integrantes del colectivo “Familias unidas por justicia: ni una asesinada más”.

En nuestro país, la violencia machista ya cobró la vida de 148 mujeres. No solo ello, pues los feminicidios también dejaron víctimas colaterales como los 186 niños, niñas y adolescentes que han quedado en la orfandad y muchos de ellos, desprotegidos económicamente.

Hartazgo y sistema judicial deficiente

Es el drama que afronta Lilian Morales, la madre de Ericka Oblitas, quien dejó a dos niños que precisan de apoyo psicológico para superar el trauma que deja la muerte violenta de su madre, pues ellos oyeron cada detalle del ataque a su madre. Los gritos, el llanto están grabados en sus mentes para siempre.

A pesar de que la lucha contra la violencia de género ha sido declarada como prioridad nacional, el proceso judicial contra el asesino de Ericka, el feminicida Miguel Antonio Benites Arana se halla en receso.

Ella fue atacada la mañana del domingo 2 de junio de este año, pero el sistema policial terminó por acelerar su muerte, pues ella pudo haber sido salvada, pero efectivos de la Policía la detuvieron junto a su agresor, pese a que este le había estallado un televisor en la cabeza y tenía el pómulo hundido por la ferocidad del golpe.

No fue internada de emergencia hasta doce horas después, cuando convulsionó en la comisaría “Juan Igunza Valdivia”, en el Callao. Ya era demasiado tarde.

Ericka no obtuvo justicia cuando aún estaba con vida y ahora muerta también se la niegan, puesto que su madre denuncia que el proceso de la reconstrucción del crimen ya fue aplazado por tercera vez. Por eso estuvo frente al Ministerio de la Mujer, gritando por justicia para su hija. Por sus nietos y por ella.

“¿Hasta cuando voy a esperar más, los niños han quedado con problemas. ¡Justicia en nombre de mi hija y mis nietos!", gritó a viva voz.

Un peligro para más mujeres

Una tragedia similar es la que vive Carmen Mendoza, madre de Stephanie Flores (20), quien fue estrangulada por su expareja José Luis Falcón Gutiérrez (30).

Aunque el feminicida terminó entregándose en la comisaría Sol de Oro, de Los Olivos, podría salir libre, puesto que la madre de la víctima N° 50 de feminicidio en el Perú denuncia indiferencia por parte de la Fiscalía que ve el caso de su hija.

El 15 de enero ya vence la prisión preventiva impuesta contra el asesino de Stephanie, pero el fiscal a cargo le dijo a esta desesperada madre que la ampliación de la medida cautelar la solicitaría 15 días antes del vencimiento de esta, un plazo que resulta insuficiente.

Él podría salir libre debido a la inacción y a las deficiencias del sistema.

“Han pasado siete meses, pero el fiscal no acusa penalmente”, dice esta madre, al borde del llanto.

Precisamente, en este día que conmemora la lucha contra la violencia de género, La República, reveló que entre 2012 y 2018, 19 personas acusadas de feminicidio fueron excarceladas, y de esas 10 fueron liberadas al vencimiento de su prisión preventiva.

Son un peligro para otras mujeres, definitivamente.

Sentencias a favor de los agresores

Una de las líderes del referido colectivo, Magali Aguilar, madre de Sheyla Torres, degollada el 14 de marzo del 2018 tiene que soportar que al asesino de su hija, Romario Aco Rodríguez, apenas le hayan impuesto una pena de 15 años de cárcel.

Ella, al igual que las otras madres de “Familias unidas por justicia” exigen que las sentencias para los feminicidas no sean menores de 35 años e, idealmente, que sean condenados a cadena perpetua.

“¡Somos madres, hermanas, tías. La ministra (Gloria Montenegro) siempre nos promete que nos recibirá, pero hasta el momento nada”, señala mientras sus compañeras gritan que la alta funcionaria baje de sus oficinas a recibirlas. A pesar de la fuerza de sus pedidos, solo encontraron silencio.

“Nosotras como madres tenemos una pérdida irreparable. No nos parece que esos tipos salgan porque vayan a pagar reparación civil o porque el juez les dio diez años o 20 años. Nada nos va a devolver a nuestras hijas”, señala con indignación Magali.

Por su parte, Sandy Evangelista, también líder del colectivo, batalla para que la sentencia que obtuvo el asesino de su hermana Nelva sea revisada, pues este logró rebajar la condena de 28 años a solo 22.

Ella plantea la posibilidad de llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de su hermana. Todo para obtener justicia, para aquella joven profesora de a la que Nicolás Vásquez Velarde torturó y mató con ensañamiento.

“Nosotras luchamos para que el gobierno sea más duro y los condene a cadena perpetua. Nosotras vamos a vivir toda la vida con este dolor. No debe haber beneficios para estos asesinos”, concluye Magali.