
Arequipa. Para la liberación de los once implicados en el caso Correcaminos del Sur, el juez Juan Carlos Churata Quispe tomó en cuenta declaraciones de testigos protegidos.
Estos señalaron que Gabriel Almonte Concha amedrentaba a los transportistas, para que depositen los sobornos. Este personaje era el encargado de recolectar el dinero de las presuntas coimas.
Por ello, el magistrado consideró que no se configura el delito de cohecho, debido a que los sobornos eran entregados a Gabriel Almonte Concha, quien no era funcionario público.
En tanto, ayer el Ministerio Público evitó pronunciarse sobre la liberación de los once detenidos. Se supo que Marita Cueva, titular de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, presentará la apelación mañana, día en que vence el plazo.





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