La Contraloría General de la República ha puesto en jaque al Consejo Regional del Deporte (CRD) de Lambayeque, órgano descentralizado del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, el ente de control realizó el examen especial, cuyos resultados indican presuntas responsabilidades administrativas y legales por hechos que van desde el estado calamitoso en que se encuentra el complejo deportivo Elías Aguirre, la inacción para revertir la morosidad de inquilinos, equipo valuado en más de 30 mil soles inoperativo, vestuario deportivo donado por Sunat y distribuido a organizaciones y personas que no guardan relación con el fin institucional del IPD.
En el Informe nº 12, publicado el 27 de setiembre de 2019, se indica que a consecuencia de la falta de mantenimiento y reparación de la infraestrutura, el complejo deportivo Elías Aguirre no cumple con su objetivo principal de fomento al deporte.
En ese contexto remarca que el 21 de mayo de 2013, el IPD y el Consorcio Chiclayo suscribieron el contrato n.° 006-2013 para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo deportivo Elías Aguirre” por 88 millones 934 mil soles.
No obstante, el 4 de julio de 2014, el IPD resolvió el contrato por causa imputable a la contratista.
¿Pero qué constató la Contraloría en el estadio Elías Aguirre? Que el estado del campo principal se encuentra en mal estado, el arco de la tribuna sur tiene siete parches de grass sintético y el arco del lado sur se encuentra en igual situación; mientras el arco tribuna norte tiene huecos.
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Asimismo los asientos de la tribuna norte están totalmente deteriorados y las escaleras de la tribuna de oriente rajadas. En tanto, el cerco de adobe que separa el minicoliseo con los campos anexos se han derrumbado y no han sido reconstruidos, además los implementos del gimnasio están dañados.
De la evaluación a la documentación del proceso CAS 460-2017, se constató que la postulante Johana Díaz Zapata consignó un certificado de haber laborado por casi cinco años en la Sociedad de Beneficencia de Jaén a a fin de cumplir los requisitos; sin embargo, la Contraloría al contrastar la información comprobó que no era cierto.
Lo cierto es que Díaz ganó dicho concurso y fue contratada como administradora del Consejo Regional del Deporte, con un sueldo de tres mil soles.
Empero, a la cuestionada labor del CRD, también se comprobó la morosidad en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Los auditores concluyeron que existe una inacción respecto a los 59 posesionarios de predios del IPD, pues acumulan una deuda de 237 mil 051 soles desde el 2016 al 2018.
También se menciona que el 27 de noviembre de 2017 se realizó el mantenimiento correctivo del equipamiento del pozo tubular del Complejo Deportivo Elías Aguirre por 30 mil 520 soles. El trabajo estuvo a cargo de la empresa GRUP 2A ING. SAC, sin embargo el equipo está inoperativo desde junio de 2019, debido que no se realizó previamente la limpieza de dicho pozo de agua como condición previa para la instalación de la electrobomba.
Y por si fuera poco, el vestuario deportivo donado por la Sunat de 35 mil 471 soles se distribuyó a organizaciones y personas que no correspondían, lo que generó un perjuicio de 21 mil soles.
La Contraloría identificó funcionarios con presuntas responsabilidades por este caso. Entre ellos los expresidente del CRD: Walter Vera y Juan José Fort; así como Federico Zavala, Jorge Nazarario, Gabriela Doig y Johana Díaz.
La institución solicitó al titular del IPD, Sebastián Suito, iniciar acciones administrativas y legales contra las personas que estarían involucradas. Y a la presidenta del CRD, Karina Puelles, mejorar los controles en el estadio Elías Aguirre y el coliseo cerrado.