Arequipa: En el valle de Tambo se asocia Estado a presencia de policías

Fiorella Montaño

Son setenta días de huelga indefinida contra el proyecto Tía María de Southern Perú. En esta etapa de la protesta reina más la incertidumbre que la certeza.

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Sobre este punto, La República Televisión Sur (RTV-Sur) planteó un espacio de diálogo. Participaron el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique Linares, el catedrático Carlos Leyton Muñoz y Rodolfo Marquina, representante de la ONG Desco.

Leyton no ve una salida al problema. Advierte que se acumularon una serie de sinsabores y torpezas en el desarrollo del mismo. Desde el gobierno aprobando la licencia de construcción pese al rechazo, la posición del Gobierno Regional de Arequipa y la oposición de los pobladores de Tambo.

También advirtió la ausencia del principio de autoridad por los bloqueos de carreteras y la posible pérdida del año escolar en Islay. También lamentó el abandono del Estado al valle de Tambo, sólo se interesan por él cuando hay que sacar adelante Tía María.

Durante las protestas se oye el estribillo “hay oro, hay cobre y el pueblo sigue pobre”. Rodolfo Marquina señala que esa frase define el malestar ciudadano en esta provincia costera de Arequipa por el abandono del Estado.

Sobre esa ausencia, el representante del Defensor del Pueblo puso sobre la mesa algunas evidencias: “En Islay sólo el 40% tiene agua y alcantarillado. De 10 niños, 6 tienen anemia y 7 no comprenden lo que leen. El problema social no ha sido atendido, solo se asocia la presencia del Estado con policías y militares”, indicó.

Coincidió que el Gobierno debió girar sus ojos a Islay antes del estallido de las manifestaciones para garantizar el acceso a servicios, y no solo acudir cuando se vio comprometida la ejecución de Tía María.

Ya en pleno conflicto, la desconfianza se ha convertido en un motor esencial. Los opositores del proyecto minero no solo carecen de interlocutores, a eso se suma la percepción que el Estado juega a favor de la empresa minera.

La Defensoría del Pueblo tiene registrados a nivel nacional 183 conflictos, de los cuales 115 son medioambientales y 73 mineros.

Manrique señala que con este listado se advierte escenarios de riesgo. Pero lamentablemente se continúa con la política de intervenir cuando ya se produjo el estallido. Para Manrique, Tía María se diferencia hasta por tres características. La primera es que no hay interlocutores válidos para sentarse a dialogar, tanto del lado de las autoridades como de los manifestantes. Manrique señala que esto puede ocurrir porque los líderes tienen miedo a ser denunciados por el Ministerio Público. Otro punto es que la violencia escaló rápidamente, apenas Southern anunció que había logrado la licencia de construcción para el proyecto cuprífero. La incertidumbre es el tercer factor.

La corrupción toca el conflicto de manera directa, por el escándalo de las “lentejas” del 2015, que se dio cuando el dirigente del valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, solicitó una coima (“lentejas”) a la empresa Southern para poner fin a las protestas.

Pero la corrupción también toca tangencialmente el proyecto. Marquina explica que el canon y regalías asignado a los gobiernos locales no llega a traducirse en obras de impacto en la comunidad, porque se pierde en un esquema de corrupción.

“Hubo pésima ejecución, pero lo peor es la corrupción. En Áncash el presidente preso, en Cusco también”, señaló. Véalo en https://www.facebook.com/LaRepublicaSur/videos/2289633231346670/?epa=SEARCH_BOXv

¿Se debe cancelar el proyecto Tía María?

Leyton habla también sobre el factor Cáceres Llica. En su opinión, tuvo un discurso sin norte. En campaña estaba en contra del proyecto. Como gobernador quiso implementar una mesa de diálogo, finalmente volvió a ser opositor. Para el catedrático, el gobernador intentó quedar bien con todos.

Durante el panel, Rofolfo Marquina aseguró que no hay forma de solucionar este conflicto. Plantea cancelar el proyecto. Explicó que hay varias aristas que dificultan la solución. Una de ellas es el ámbito administrativo. El Gobierno Regional de Arequipa presentó un recurso de oposición a la licencia de construcción ante el Consejo de Minería. Si este organismo, perteneciente al Minem, ratifica la licencia de construcción, el tema aún se puede judicializar; por lo que ya hay un entrampamiento legal. El consejo cuenta con 180 días para resolver este recurso.