La defensa del presidente Pedro Castillo, el abogado Benji Espinoza, presentó una tutela de derechos con el objetivo de que se anule la denuncia constitucional que formuló en su contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
El recurso fue planteado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.
Dicho magistrado, en la tutela de derechos del caso Puente Tarata, determinó que un mandatario en funciones sí puede ser investigado preliminarmente mas no acusado constitucionalmente, salvo los supuestos establecidos en el artículo 117 de la Constitución.
“Es una denuncia constitucional que desacata abiertamente la orden judicial de Checkley”, dijo Espinoza a La República.
En relación con la recomendación de Patricia Benavides para que el Congreso aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Benji Espinoza espera que el juez también disponga que “no se puede provocar” la formalización de una investigación preparatoria al jefe del Estado.
Según la defensa del presidente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no es un tratado de derechos humanos, por lo que su aplicación sería inconstitucional. “Esta convención tiene 71 disposiciones y nunca habla de derechos humanos. La única parte donde lo mencionan es en el primer párrafo del prefacio, de ahí se olvidan”, alegó.
En tanto, el presidente Castillo asegura que acusan a su Gobierno de estar inmerso en actos de corrupción cuando este, afirma, la combate.
“Hay obras totalmente olvidadas y enlodadas de corrupción. Hoy cuando destrabamos eso y queremos hacer que se identifiquen a los corruptos, al gobierno le dicen corrupto”, indicó el mandatario en un encuentro con mujeres campesinas, artesanas, indígenas y nativas en Palacio de Gobierno.