La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó investigación preparatoria contra la fiscal suprema inhabilitada Zoraida Ávalos Rivera por presuntos delitos de omisión y retardo de actos funcionales, de acuerdo con la acusación constitucional aprobada por el Congreso de la República, el pasado 21 de junio.
Fuentes judicial indicaron a La República, que el expediente fue presentado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que atiende el juez supremo Juan Carlos Checkley, antes que se reúna la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado debe emitir un pronunciamiento, aprobando la decisión fiscal, en las próximas horas.
Según la Constitución, la fiscal de la Nación y el juez supremo de instrucción no pueden oponerse a la decisión del Congreso. Ambos están obligados a iniciar el proceso judicial sin variar los términos de la acusación aprobada en el Parlamento. Ambos actúan, en esta fase inicial, como mesa de partes del poder político.
Zoraida Ávalos fue inhabilitada con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 en abstenciones. Composición: Jazmin Ceras-LR/Andina
El Congreso de la República atribuye a Ávalos haber omitido y retardado el cumplimiento de sus funciones como fiscal de la Nación al no iniciar investigación al detenido expresidente de la República Pedro Castillo inmediatamente después de que la prensa reveló presuntos actos de corrupción en los casos Puente Tarata, Biodisel y ascensos militares.
Zoraida Ávalos responde que sí inició la investigación a Castillo y su entorno, en su debido momento. Además, que para investigar cambió los precedentes del Ministerio Público de no indagar los presuntos actos de corrupción de un mandatario, mientras estuviera en el ejercicio de la presidencia.
Este cambio, realizado por Ávalos, fue reconocido, en diciembre del 2023, por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar un recurso del expresidente Pedro Castillo contra la investigación iniciada por el Ministerio Público, en su contra. Castillo argumentó que ningún presidente antes que él fue investigado mientras ejerció el cargo. Los jueces supremos respondieron que el proceso penal evoluciona y, hoy, sí está permitido.
Además, Ávalos argumenta que la acusación aprobada por el Congreso es contradictoria, pues si se habla de retardo, se reconoce que sí cumplió sus funciones, pero a la vez se dice que omitió actuar. La exfiscal de la Nación considera y demuestra documentariamente que no ha cometido delito alguno. Que la denuncia en su contra es una venganza política y un pretexto para el control del Ministerio Público.
Juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley
Una vez que se inicie la investigación, la fiscal suprema puede presentar un recurso de exepción para que el Poder Judicial declaré la imposibilidad de que se hayan cometido los delitos que le atribuye el Congreso. Este recurso debe plantearlo ante el juez Checkley y, en segunda instancia, será visto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Precisamente, esta tarde, por mayoría, los jueces supremos titulares acordaron, en reunión de Sala Plena, no emitir pronunciamiento alguno en torno al caso Ávalos y la independencia del sistema judicial frente al poder político, ante la posibilidad de que el este caso se judicialice, lo que ya ocurrió. La mayoría de los jueces consideraron que un pronunciamiento podría suponer un adelanto de opinión.
La Sala Plena de la Corte Suprema fue solicitada por un grupo de jueces supremos el pasado jueves, 22 de junio, pero el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, la convocó para el miércoles, 28 de junio. Ese día, varios jueces supremos se ausentaron y no asistieron a la reunión que se postergó para el 3 de julio. En la reunión de hoy, la formalización de la investigación preparatoria contra Zoraida Ávalos habría sido determinante.