Jueces supremos buscan defender autonomía judicial

Los 19 jueces supremos titulares que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia buscan consenso para un pronunciamiento en defensa de la autonomía e independencia del sistema judicial frente a los otros poderes del Estado.

Este fue el motivo por el que aún no se llegó a un acuerdo en la Sala Plena realizada el miércoles último, a la que cinco jueces supremos no pudieron asistir por compromisos familiares contraidos con anterioridad, trascendió en fuentes judiciales.

Eso llevó a que los jueces supremos asistentes a la reunión decidieran seguir conversando y esperar que estén todos presentes para que se emita un pronunciamiento que recoja todas las opiniones.

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Un importante sector de magistrados está preocupado por el semblante que está tomando el Congreso de la República, en su intención por controlar el poder estatal.

En busca de ese poder, consideran, se estaría avasallando a otros poderes del Estado e instituciones autónomas, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Si bien los ochos jueces supremos titulares, que la semana anterior pidieron la Sala Plena extraordinaria, se refirieron directamente a la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, este no el único tema que les preocupa.

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Está también el caso del presidente del JNE, el juez supremo titular Jorge Luis Salas Arenas, elegido por la Corte Suprema para dirigir el organismo electoral.

Del mismo modo, se toma en cuenta a la JNJ, la entidad encargada de selecciones, nombrar, investigar, sancionar y ratificar a todos los magistrados del país, jueces y fiscales.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elige al presidente del JNE y, a través del titular del Poder Judicial, interviene en la conformación de la JNJ y lo que pueda suceder con ambos organismos tendrá repercusiones en el Poder Judicial.

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Los jueces supremos contactados para este artículo coinciden en señalar que no se busca la defensa de una persona en particular, sino de las instituciones como integrantes del sistema de justicia, uno de los pilares del sistema democrático.

El objetivo, señalaron, es llamar la atención del Congreso respecto a que el control político que puedan realizar de los otros poderes del Estado y de las instituciones autónomas debe respetar la toma de decisiones de cada uno, a fin de no quebrantar el orden democrático.

“El equilibrio de poderes supone que el control político, que puede realizar el Congreso, no pueda utilizarse como un arma de revancha, de imposición de las ideas o amenaza encubierta que impida a los jueces y fiscales no cumplir su tarea”, precisó una de las fuentes.

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Los jueces supremos rechazan haber tomado decisiones en contra de un determinado grupo político y señalan que los procesos incluyen a personas en específico por actos que, evidentemente, no son políticos.

“Los grupos políticos solo cuestionan lo que a cada uno de ellos en específico les perjudica, mientras aplaudan lo que afecta a otros. Si, en verdad, creen que los magistrados deciden por temas políticos, deberían cuestionar todo, pero vemos que eso no es así”, subrayó otro.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y otros magistrados mantienen una posición de no decir nada frente a las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. Consideran o creen que el Congreso ya no volverá a tocar al sistema judicial.

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Esa posición no es compartida por una mayoria, sobre todo por los magistrados más antiguos, que tienen experiencia y, en determinados momentos, han sido víctimas de una posición política autoritaria y antidemocrática.

Durante las conversaciones se ha recordado la gran purga de magistrados tras el autogolpe de Estado de 1992 y la intervención política y administrativa a la que fueron sometidos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, a partir de noviembre de 1995.

El silencio de los magistrados, consideran, podría llevar al Congreso a repetir viejas prácticas autoritarias para mantener el poder. 

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El regreso de los provisionales

En noviembre de 1995, el gobierno de Alberto Fujimori, con el apoyo del Congreso, instituyó las Comisiones Ejecutivas como entes rectores del PJ y el Ministerio Público.

Eso también supuso la participación de jueces supremos provisionales en la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, con la inhabilitación de Zoraida Ávalos, los provisionales tendrán voz y voto decisivo en la Junta de Fiscales Supremos.