El Congreso embiste contra el Ministerio Público e inhabilita a Zoraida Ávalos

En un nuevo capítulo de la ofensiva institucional desatada desde el Congreso de la República, el Pleno inhabilitó por cinco años para el ejercicio de la función pública a Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, y aprobó también la resolución legislativa que recomienda la formación de una causa penal en su contra por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

De acuerdo con los impulsores de la denuncia constitucional, que fue aceptada por la mayoría de la representación, Ávalos no cumplió con sus obligaciones en el caso del expresidente Pedro Castillo, sobre quien pesaba una serie de denuncias por corrupción.

“Hoy, el Congreso ha consumado un nuevo atropello jurídico e institucional. Jurídico, porque como he demostrado, se me ha destituido sin haber cometido infracción ni delito alguno. E institucional, porque se está violando la independencia de la Fiscalía. La señal para fiscales y jueces es clara: o te alineas con mis intereses o te vas”, expresó Ávalos una vez conocida la votación.

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Para la inhabilitación se consiguieron 71 votos; la acusación se aprobó con 73. En ambos casos se necesitaban como mínimo 65 adhesiones. No votaron los miembros de la Comisión Permanente. Hicieron causa común contra Ávalos el fujimorismo, Avanza País, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso y no agrupados.

Incluso alguien como Luis Cordero, quien reportó ante la Comisión de Ética estar con descanso médico, lo que le permitió ausentarse de una audiencia el lunes, terminó votando para sancionar a Ávalos. Hasta ahora, el Parlamento no vota el informe que propone suspenderlo por 60 días.

No es dato menor el siguiente: la Junta de Fiscales Supremos se queda con tres fiscales titulares. Eso le permitirá a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, activar la ley que permite que los fiscales supremos provisionales participen en la junta, lo cual le dará mayoría.

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“El Congreso, que ya dejó por sentado que piensa hacer un uso intensivo e incluso predatorio de su posición en la coalición que gobierna, tenía una oportunidad para dejar a salvo el mínimo de respeto, las reglas de derecho. Pero no lo hicieron. Guste o no la decisión de la fiscal Ávalos en el caso Castillo, las reglas sobre investigaciones contra presidentes cambiaron después, cuando el fiscal Pablo Sánchez decidió modificar una doctrina que tenía entre nosotros todo el tiempo que media desde 1860 al presente”, dijo el exprocurador anticorrupción César Azabache. Añadió que juzgar a alguien por no utilizar una teoría legal que no existía cuando se tomó una decisión “es más que un atropello”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Omar Cairo advirtió que se “traspasaron todos los límites” y que “en los hechos” el Congreso “ha intervenido” el Ministerio Público.

El también exprocurador Ronald Gamarra consideró que lo de ayer configura “un abuso mayor del Congreso, que pone en cuestión la independencia judicial y entrega todo el poder a su aliada Patricia Benavides”.

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Defensa infructuosa

Las decisiones de este tipo son meramente políticas y se sabía, desde antes, que Ávalos no tenía mayores opciones. Su propia defensa —y la de su abogado, Francisco Eguiguren— se basó en los siguientes puntos: que ella fue quien abrió investigación a Martín Vizcarra, siendo presidente en funciones, por el caso Richard Swing. Y que hizo lo propio con Pedro Castillo, por los casos del biodiésel y los ascensos militares y policiales.

El contraargumento de los congresistas fue que eso no sirvió de nada, porque luego decidió cerrarse la investigación contra Castillo.

Ávalos respondió que si bien se suspendió lo relacionado con las diligencias que pudieran involucrar directamente al entonces mandatario —en virtud del artículo 117 de la Constitución—, las investigaciones del caso continuaron, incluyendo a los demás personajes envueltos en las denuncias.

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Otra de las líneas de defensa que planteó Ávalos fue que antes de ella ningún fiscal de la Nación se atrevió a abrirle una investigación a un presidente en ejercicio. De hecho, le recordó a la ahora parlamentaria Gladys Echaíz que cuando ella lideró la Fiscalía archivó dos denuncias en contra de Alan García, una de ellas por el famoso caso Petroaudios.

Fue inútil. Las izquierdas y derechas se juntaron en una decisión cuyas consecuencias aún están por conocerse.

La clave

Advertencia. “Hemos vuelto a los 90, a un Ministerio Público capturado. Este golpe era estratégico, la Fiscalía es útil no solo para blindar a quienes cometan abusos de poder y corrupción, sino para perseguir a quienes son opositores”, señaló la expremier Mirtha Vásquez.