Las viudas e hijos de los cuatro líderes asháninkas asesinados el 2014 exigieron ser escuchados y atendidos por el Estado para proteger el bosque amazónico de inescrupulosos empresarios madereros.
Ergilia Rengifo, viuda de una de las víctimas, señaló que las amenazas contra sus vidas continúan hasta hoy, a pesar de lo cual seguirán luchando y pidiendo justicia.
“A mí este dolor nadie me lo va a curar. Hemos venido pidiendo justicia. Estoy caminando, defendiendo mis derechos, para mi pueblo, para mis hijos. Yo soy asháninka, no soy gringa, queremos que el Estado nos escuche”, señaló Rengifo.
“Las amenazas —continuó—han venido desde antes, hasta ahora tenemos amenazas, nos pueden matar. Necesito justicia. Si no cuidamos, qué será de nosotros, nos vamos a quedar como Lima, llenos de cemento”.
Rengifo recordó que su esposo y sus compañeros asesinados siempre denunciaron la tala ilegal y las amenazas que recibían, pero el Estado peruano no los quiso escuchar y por eso decidieron ir a Brasil.
“Estoy triste porque mi padre se ha muerto, nadie va a devolverme su vida. Pido justicia y que los asesinos no salgan de la cárcel porque mi padre no está vivo, nadie le devolverá la vida”, señaló Lina Rengifo, hija de Francisco Pinedo.
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Los familiares de los líderes asháninkas asesinados dieron estas declaraciones en una conferencia de prensa que ofrecieron al lado de su abogado, Óscar Romero, antes que el Poder Judicial leyera la sentencia íntegra contra los cinco asesinos.
El 1° de setiembre del 2014, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, líderes de la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, fueron asesinados tras denunciar durante años la tala ilegal.
El 17 de febrero último, un juez leyó el adelanto de la sentencia que encuentra responsables de este crimen a los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en calidad de instigadores, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix y el brasileño Eurico Mapes Gómez, como autores materiales del asesinato.
Este 27 de febrero se leyó la totalidad del fallo, más de ocho años después que ocurriera el crimen. Sin embargo, ninguno de los asesinos está en prisión. De acuerdo con el Código Procesal Penal, el juez suspendió los efectos del veredicto hasta que la pena sea confirmada por una Sala Superior.
El abogado de los familiares, Óscar Romero, destacó que, aun cuando llega tarde, la sentencia establece un importante precedente pues no solo condena a los autores materiales, sino también a los instigadores del crimen.
Enfatizó que para que crímenes como los de los líderes indígenas no vuelvan a repetirse, es importante que las autoridades y la opinión pública escuchen sus voces y atiendan sus reclamos.
Viaje. El viaje desde Saweto hasta Pucallpa, la capital de Ucayali, toma dos días en transporte por río.
Titulación. Un año después del asesinato, el Estado entregó a la comunidad asháninka el título de 76.800 hectáreas de bosque.