Interrogado durante cinco horas por el fiscal Wilber Salazar Vílchez, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar, negó responsabilidad por la muerte de una decena de civiles durante la jornada de protesta antigubernamental en Ayacucho, el último 15 de diciembre.
“Yo, como jefe del Comando Conjunto, no doy órdenes operativas, eso lo verifica el nivel táctico”, dijo el general Gómez de la Torre, de acuerdo con los testigos de la diligencia a los que consultó La República.
Con esta declaración, el general Gómez de la Torre trasladó la responsabilidad al Comando de la Segunda Brigada de Infantería Wari, acantonada en Huamanga, Ayacucho, y encabezada por el comandante general EP Jesús Vera Ipenza.
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Jefe 2° brigada infantería. General EP Jesús Vera Ipenza. Foto: difusión
En efecto, el jefe del Comando Conjunto argumentó que sus disposiciones fueron meramente estratégicas, y que los encargados de idear y ejecutar el plan de operaciones fueron los mandos militares destacados en la región ayacuchana.
“Si el jefe supremo (la presidenta Dina Boluarte) da una directiva general, se tiene que transformar en planes de operaciones, pero eso ya lo hace el elemento táctico”, precisó el general Gómez de la Torre.
El “elemento táctico” al que se refirió el jefe del Comando Conjunto es al Estado Mayor de la Segunda Brigada de Infantería Wari.
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Lo que buscaba el fiscal Wilber Salazar Vílchez era establecer la cadena de mando que se forjó el día de los hechos sangrientos, el 15 de diciembre. Y sus preguntas estuvieron orientadas a determinar el papel que cumplió el general Gómez de la Torre.
El jefe del Comando Conjunto expresó que, ante situaciones de violencia, los militares, “para hacer uso de la fuerza, tienen que cumplir ciertos protocolos, como identificarse como militares y utilizar altoparlantes para pedir que la gente se inhiba, y todo eso se cumplió”.
La versión ofrecida por el general Gómez de la Torre colisiona con imágenes de video en las que se observa a los efectivos militares disparando directamente al cuerpo de civiles que no eran parte de ninguna manifestación. Tampoco se advierte que los uniformados usaron altoparlantes para dispersar a los ciudadanos.
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Armados. El día de la matanza, los soldados estaban provistos de fusiles Galil. Foto: difusión
Al referir que los militares “cumplieron con los protocolos”, Gómez de la Torre estaba diciendo que estos hicieron uso de los fusiles Galil cuando los ciudadanos desobedecieron las advertencias. De esta manera justificó el empleo de las armas.
Además, el general Manuel Gómez de la Torre excusó que los militares no hayan brindado atención de primeros auxilios a los heridos aquella tarde a pesar de que el protocolo militar lo detalla.
“No los han atendido porque la población no lo permitía”, dijo, conforme a las fuentes consultadas por La República.
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Pero las pruebas dicen lo contrario: videos recabados por la prensa muestran cómo los militares, al ver los cuerpos de las víctimas en el suelo, solo los observan, pasan y hasta los pisan para ver si efectivamente estaban sin vida.
Incluso dispararon y mataron a un ciudadano que auxiliaba a otro herido gravemente por un balazo. Este hecho documentado no encaja con lo dicho por el general Manuel Gómez de la Torre. No hay imágenes en las que se observa que ciudadanos impidan a los militares atender a los heridos.
El Reglamento para el Uso de la Fuerza (RUF), que aplican los efectivos militares en situaciones de alteración del orden como el ocurrido en Ayacucho, es muy claro respecto a los casos en los que es necesario disparar: “El personal de las Fuerzas Armadas puede usar el arma de fuego contra las personas cuando sea estrictamente necesario, y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o inadecuadas (…). En cualquier caso, está prohibido disparar indiscriminadamente”.
Hasta ahora, los altos mandos castrenses no demuestran la situación de peligro que enfrentaban los militares para justificar los disparos contra civiles desarmados. Más bien, los videos y las imágenes evidencian que existió un patrón: disparar a matar.
Compatible. Los fallecidos presentan heridas de bala de fusiles Galil. Foto: difusión
Gómez de la Torre mencionó que existió el “Comando Operacional del Este”, una organización de las Fuerzas Armadas que también comprendía a la Policía Nacional y cuyo Comandante General era el encargado de comunicarle las acciones militares en la zona.
Debajo de ese comando estaba el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Wari, Ayacucho, general EP Jesús Vera Ipenza, quien es el responsable directo del desenvolvimiento del Ejército en el lugar, según lo dicho por Gómez de la Torres y la jerarquía castrense.
El general Jesús Vera no se presentó a la citación de la Fiscalía.
El general Gómez de la Torre detalló por qué las autoridades de la Segunda Brigada de Infantería Wari debían responder por lo sucedido el 15 de diciembre de 2022.
“Los elementos del Comando Operacional me informaron que había recrudecido la violencia en Ayacucho y había otros fallecidos”, relató el jefe del Comando Conjunto.
Sin embargo, cuando le preguntaron cómo se enteró del primer muerto en Ayacucho, respondió: “A través de los medios de comunicación y la Diresa (Dirección Regional de Salud)”.
Cuando fue preguntado sobre las coordinaciones con el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Wari, Gómez de la Torre negó haber tenido comunicación directa con el general Jesús Vera Ipenza a pesar de la gravedad de los hechos.
Falso. El general Gómez de la Torre dice que la población impidió atender a los heridos. Foto: difusión
La primera víctima cayó a las 2:05 p.m. y la última a las 7:00 p.m. Según Gómez de la Torre, en ese periodo de tiempo no se comunicó con el general Jesús Vera. Las tropas dispararon a matar sin que nadie les dijera que se detuvieran.
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El fiscal Wilber Salazar Vílchez también preguntó si los militares usaron fusiles AKM para reprimir las protestas. Gómez de la Torre respondió que solo utilizaron fusiles Galil y FAL (Fusil Automático Ligero).
De acuerdo con las necropsias practicadas a las 10 víctimas, todas fallecieron por el impacto de proyectiles 7,62 mm, compatibles con el fusil Galil.
Además, cuando se incautaron los registros de distribución de armamento de la Segunda Brigada de Infantería, se confirmó que los efectivos que estuvieron en las zonas donde se produjeron los asesinatos recibieron fusiles Galil. No se mencionó los FAL.
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Sorprendentemente, Gómez de la Torre dijo al fiscal que los terroristas también contaban con los FAL, dando a entender que entre los manifestantes probablemente había senderistas que dispararon dicho armamento.
“Sabemos que los senderistas del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, también usan ese tipo de fusil (FAL)”, apuntó. No acreditó evidencia de algún fallecido por FAL el día de la matanza en Ayacucho, el 15 de diciembre.
Versión. Jefe del CCFFAA afirma que se enteró de las muertes por los medios de prensa. Foto: AFP
Los representantes de la Procuraduría General del Estado consultaron al general Manuel Gómez de la Torre por las reuniones que mantuvo con la presidenta Dina Boluarte y el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Al principio, Gómez de la Torre negó que haya habido encuentros entre ellos, pero —ante la evidencia que mostró la Procuraduría— el general cambió su versión y admitió que sostuvieron reuniones en algunas ocasiones, antes y después de la matanza de Ayacucho.
En febrero, Alberto Otárola, en su declaración ante la Fiscalía, exhibió un pantallazo de su teléfono celular en el que la presidenta le trasladaba un mensaje para Gómez de la Torre.
“Ministro, para más tarde o mañana será más grande la protesta. Coordine con el comandante de las FF. AA. que no tiene que haber ningún fallecido más”, decía el mensaje del 18 de diciembre.
El Comando de la Segunda Brigada de Infantería Wari debe responder por lo sucedido en Ayacucho el 15 de diciembre, según el general EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar.