La moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, fue presentada ayer por 21 congresistas de Honor y Democracia, Renovación Popular, Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista.
El documento del pedido de censura argumenta que Salhuana incurrió en un grave incumplimiento de funciones “al no adoptar medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral relacionada con el escándalo vinculado a presuntas acciones de proxenetismo” en el Congreso.
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Salhuana, en conferencia de prensa, sin embargo, se aferró al cargo. “No hay fundamento y razón para solicitarlo. En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro hacerlo”, retó.
La coalición que gobierna el Congreso -conformada por Fuerza Popular, Perú Libre y sus aliados- no respaldarán su censura. A eso se suma que, debido al interregno parlamentario, la próxima sesión del Pleno es en marzo, cuando comienza la segunda legislatura.
Los parlamentarios de la oposición podrían pedir que se convoque una sesión extraordinaria del Pleno para debatir la censura. Sin embargo, necesitan 78 firmas para presentar la solicitud. Y no las tienen, por ahora.
Eso explicaría por qué Salhuana no quiere dar un paso al costado. Por cuestión de votos y de tiempo, puede salir airoso.
El congresista de Honor y Democracia, Héctor Acuña, comentó a La República que recolectarán firmas para pedir una sesión extraordinaria del Pleno.
Su colega del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, enfatizó que a estas alturas, con el escándalo de la presunta red de prostitución del Congreso “ha quedado a todas luces que Salhuana es indefendible”.
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Salhuana retornó antes de su viaje a China. El líder de su partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, lo cuestionó por haber salido del país en medio de la crisis del Congreso.
“Si yo hubiera sido presidente del Congreso, no hubiera viajado porque es darle la espalda al país y eso lo vamos a conversar el martes que viene cuando haya reunión de bancada”, manifestó.
Horas antes, en la Comisión de Fiscalización, la especialista parlamentaria Patricia Durand, quien renunció a presidir la comisión ad hoc que iba a investigar desde la vía administrativa al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, manifestó que su grupo de trabajo no recibió la información precisa de parte del Área de Recursos Humanos del Congreso.
Dicha área, según Durand, no tipificó de manera adecuada la presunta falta disciplinaria que habría cometido Torres Saravia y eso imposibilitó que continúe la indagación (ver despiece).
La jefa del Área de Recursos Humanos es la extesorera de APP, Haidy Figueroa.
En la conferencia de prensa de APP, este diario le preguntó a Acuña por qué Figueroa no facilitó la información necesaria a la comisión ad hoc.
“Quien tiene que dar toda la información es la parte administrativa del Congreso y ahí quien tiene que ordenar para que den la información es el presidente del Congreso. Tiene al oficial mayor (…). Ahí no tiene nada que ver César Acuña, no tiene nada que ver APP”, respondió.
Pero en el Parlamento, con la gestión de Salhuana, todavía falta aclarar bastante información, como quién recomendó contratar a Torres Saravia. Ayer Salhuana dijo que iba a comunicar los cambios en las jefaturas administrativas, un gesto en medio del escándalo.
Sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo anuncios.
Salhuana, además, evita tomar una decisión sobre la continuidad del oficial mayor Giovanni Forno, responsable de la designación de Torres Saravia.
La decisión, según Salhuana, será tomada por la Mesa Directiva. Pero esta instancia legislativa todavía no se reúne para abordar ese tema. Así se dilata la salida de Forno. Hasta el momento, el único funcionario separado es Torres Saravia.
Los demás siguen airosos.
La especialista parlamentaria Patricia Durand detalló ante la Comisión de Fiscalización que para someter a un proceso disciplinario a Torres Saravia era necesario que la jefatura de Recursos Humanos del Congreso, que lidera la apepista Haidy Figueroa, tipifique de manera correcta la presunta falta disciplinaria del exfuncionario.
“Teníamos que explicarle (al oficial mayor) que esto no podía seguir porque había un vicio (…). La responsabilidad viene de Recursos Humanos”, reiteró ante la Comisión de Fiscalización. Ese error, según Durand, impidió que el proceso continúe y generó que las integrantes de la comisión ad hoc renuncien.