Congreso bloquea caso Jorge Torres Saravia: ninguno de sus funcionarios aclara quién recomendó su contratación
A eso se suma que renunciaron las integrantes de la comisión ad hoc que iba a someter a Torres Saravia a un proceso disciplinario. Mientras eso, la Fiscalía interviene por segunda vez el Congreso y sale a la luz una adenda de la gestión de Alejandro Soto, de APP, que habría favorecido la contratación de Isabel Cajo.
La investigación que viene realizando el Congreso desde el fuero político y administrativo contra el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres Saravia, no avanza. Ninguno de los funcionarios citados a la Comisión de Fiscalización aclara quién recomendó contratarlo y las integrantes de la comisión ad hoc que lo iba a someter a un proceso disciplinario renunciaron el miércoles.
La Comisión de Fiscalización ayer interrogó al director general de administración, Carlos Pais, y al secretario de la Oficialía Mayor, Víctor Hugo Neciosup, sobre quién recomendó contratar a Torres Saravia.
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Ninguno aclaró esa incógnita. “Dentro de mis funciones no está el nombramiento de una persona”, dijo Pais. “Nadie me entregó ningún CV”, manifestó Neciosup.
Van cuatro interrogados que no aclaran quién proporcionó el CV de Torres Saravia: el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana; el oficial mayor Giovanni Forno, Pais y Neciosup.
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Tampoco tuvo resultados la investigación de la comisión ad hoc del Congreso, creada en la gestión de Salhuana para someter a Torres Saravia a un proceso disciplinario.
Las tres integrantes de esta comisión Patricia Durand, Flor de María Carrillo y Natalia Escudero renunciaron a este grupo.
El informe final que presentaron ante el oficial Forno señala que el caso de Torres Saravia “carece de una clara y concreta descripción de las conductas imputadas que supuestamente están calificadas como faltas”.
Fuentes del Congreso comentaron a La República que la comisión no pudo precalificar la infracción porque el Área de Recursos Humanos del Congreso no entregó la información necesaria.
“Es decir, no existe indagación preliminar alguna, pues únicamente se recurre a un reportaje periodístico para sustentar materialmente el acto de inicio”, agrega el informe de la comisión ad hoc.
La jefa del Departamento de Recursos Humanos es la extesorera de Alianza Para el Progreso (APP), Haidy Figueroa.
El factor Cajo
Mientras no hay luces en esa línea de indagación, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, por su parte, reveló que la trabajadora Isabel Cajo, quien laboró en la oficina de Torres Saravia, fue contratada mediante una adenda solicitada directamente por el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, de APP.
“En la adenda dice que se contrate de acuerdo al proveído de presidencia (del Congreso). (...) Si el documento dice que por indicaciones expresas de la presidencia se haga la adenda del contrato de la señorita Cajo, sí había, de alguna manera, un conocimiento sobre esta contratación”, expresó la congresista.
Cajo trabajó en la oficina que dirigió Torres Saravia. También luego fue contratada como personal de confianza del legislador Edwin Martínez. El congresista Juan Burgos informó que Cajo habría renunciado a ese despacho y anunció que la citará a declarar a la Comisión de Fiscalización.
Fiscalía volvió a intervenir oficinas del Congreso
La Fiscalía de Trata de Personas volvió a intervenir el Congreso. Esta vez los agentes ingresaron al Complejo Legislativo, ubicado en la avenida Abancay, para indagar en la Oficina Legal y Constitucional, donde trabajaron Torres Saravia y la fallecida abogada Andrea Vidal.
Según el reportaje del programa Beto a Saber, Vidal se encargó de reclutar trabajadoras para que ofrezcan servicios sexuales en el Congreso. Isabel Cajo laboró en la oficina de Torres Saravia. El 27 de diciembre, Cajo denunció que le robaron el celular en Magdalena, pero esta comuna reiteró que según sus cámaras de videovigilancia, no hay imágenes sobre el hurto.
