Congreso prioriza venganza contra sus adversarios a través de acusaciones constitucionales
Trasfondo. En estos tres años, las denuncias constitucionales se convirtieron en un mecanismo de venganza congresal contra Zoraida Ávalos, Jorge Salas, Aldo Vásquez, Inés Tello, Francisco Sagasti, Salvador del Solar y Mirtha Vásquez. Así, la coalición congresal busca arremeter contra sus detractores.
En los últimos tres años, la coalición que domina el Congreso ha emprendido una carrera para someter, mediante acusaciones constitucionales, a quienes considera sus adversarios en el sistema judicial, electoral y el plano político.
Con ello, el objetivo de este bloque parlamentario ha sido separarlos de la función pública, eventuales candidaturas o abrirles investigaciones.
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El caso más avanzado a estas alturas es contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros del Interio José Elice y Rubén Vargas, por el pase al retiro de 19 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el gobierno de transición del 2020.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el pasado martes un informe final que recomienda inhabilitarlos de la función pública.
El exministro Elice, quien también es el abogado de Sagasti, considera que en el fondo, al Congreso ya no les importan los argumentos porque los votos son los que cuentan.
A la expectativa también está el caso contra el exministro Salvador del Solar, a quien también buscan inhabilitarlo junto con el expresidente Martín Vizcarra y el exministro Vicente Zeballos por la disolución del Congreso del 2019. Solo falta que el informe final de esta acusación sea debatida en la subcomisión.
Del Solar ha recalcado en diversas oportunidades que su proceso ya caducó, pero en el Parlamento no les hacen caso a sus solicitudes de prescripción.
Otro caso avanzado es el antejuicio político contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por dos denuncias constitucionales de presunta colusión y negociación incompatible. Aún faltan las audiencias y debatir el informe final.
Además, está pendiente de resolverse una denuncia constitucional contra la exministra Mirtha Vásquez por supuestas infracciones constitucionales y negociación incompatible. La imputación fue impulsada por los excongresistas Manuel Merino y César Gonzales.
Ataque al sistema judicial
Las acusaciones constitucionales también fueron utilizadas para desplazar a los magistrados que incomodaron a la coalición congresal. En junio del 2023, el Parlamento inhabilitó a la fiscal suprema Zoraida Ávalos y en marzo de este año a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez.
El sistema judicial tuvo que revertir esos veredictos porque fueron irregulares, tras acciones de amparo de Ávalos, Tello y Vásquez.
Pero el fracaso de esos intentos no ha frenado los ataques. El último viernes, la Subcomisión admitió a trámite las denuncias constitucionales de los congresistas de Avanza País, Patricia Chirinos, y de Honor y Democracia, Jorge Montoya, contra los magistrados de la JNJ.
La excusa para iniciarles otro juicio político es que los magistrados habrían incumplido con presentar sus informes anuales de gestión ante el Pleno en los años 2020, 2021 y 2022.
A su medida
Los congresistas delegados juegan un papel fundamental en estos procesos, porque a ellos les encomiendan la elaboración de los informes finales para la acusación constitucional.
Si se trata de antejuicio político (delitos), pueden proponer la acusación, y si se trata de infracciones constitucionales, plantear la inhabilitación de hasta por 10 años.
En el caso de Sagasti, el ponente es el congresista de Honor y Democracia Jorge Montoya.
Con Del Solar y Vizcarra, el delegado es el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura. El fujimorismo es enemigo de ambos exfuncionarios.
La subcomisión, asimismo, le encargó a Ventura una denuncia constitucional contra Salas Arenas por presunta colusión. La otra denuncia contra el expresidente del JNE fue encargada al legislador de Renovación Popular Diego Bazán.
Bazán también es ponente en el caso contra Vásquez.
En la CADE 2024, la fujimorista Patricia Juárez aprovechó su presentación para cuestionar los amparos contra el Parlamento.
Para evitar que el sistema judicial cuestione sus imputaciones, el Congreso aprobó el mes pasado una ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional y crea un procedimiento especial a las demandas contra sus decisiones para que se resuelvan en 60 días hábiles y no procedan medidas cautelares.
La norma fue promulgada en medio de estas acusaciones en marcha.
Casos de congresistas demoran
El Congreso no ha puesto el mismo énfasis cuando se trata de acusar a sus representantes investigados. Un caso conocido es de la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Rosio Torres, que data desde el 2023 por presunto recorte de sueldo. El delegado es su colega del Bloque Magisterial Segundo Quiroz, quien hasta la fecha no presenta su informe final.
La denuncia constitucional en el caso Los Niños, que involucra a los congresistas de Podemos Perú, Darwin Espinoza y Jorge Flores, y de Acción Popular, Elvis Vergara y Raúl Doroteo, también sigue paralizada.
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