Congreso avanza cacería contra Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Jorge Salas y sus detractores
En marcha. Mientras el Congreso busca aprobar una ley para que sus denuncias constitucionales sean irrevocables, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encomienda a congresistas de FP y sus aliados la elaboración de los informes para acusar a Salas Arenas, Vizcarra y Sagasti.
Mientras en el Congreso alistan la aprobación de la ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional para que sus acusaciones constitucionales no sean revisadas en el Poder Judicial (PJ), la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) avanza las denuncias - procesos de antejuicio y juicio político - contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, y los exministros Mirtha Vásquez y Pedro Francke.
Cuando el Congreso apruebe su cuestionada ley, tendrá el camino libre para poder acusarlos constitucionalmente sin que ese veredicto pueda ser observado en el sistema judicial, en caso ellos presenten una demanda de amparo para defender sus derechos.
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Y ahora estas denuncias se encuentran en su etapa final.
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Ayer, en una sesión extraordinaria, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña (Alianza Para el Progreso), eligió a los delegados que elaborarán los informes finales para acusar a Jorge Salas Arenas y los demás exfuncionarios. Acuña encomendó esta responsabilidad a colegas de bancadas que tienen un sesgo marcado contra los denunciados.
La DC 352 contra Salas Arenas por presunta colusión fue delegada al parlamentario Diego Bazán (Renovación Popular). El 5 de enero del 2023 Bazán le pidió al titular del JNE dar un paso al costado para “garantizar la transparencia” de las elecciones. Otra denuncia contra el magistrado - la DC 469 - por presunta negociación incompatible fue encomendada al legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular). Ventura ha pedido que la Comisión de Fiscalización investigue al juez electoral por unas declaraciones del empresario Salatiel Marrufo.
En caso de los exfuncionarios, a medida que se acerca la campaña electoral, el Congreso agiliza las acusaciones constitucionales en su contra.
El expresidente Francisco Sagasti tiene tres denuncias constitucionales - DC 285, 287 y 369 - por presunto abuso de autoridad tras haber pasado al retiro a tres tenientes generales y 16 generales de la Policía. Se trata de un caso en el que a Sagasti lo señalan también de haber cometido infracciones a la Constitución.
Y como es un proceso de juicio político, la máxima sanción es la inhabilitación de la función pública.
El delegado en estas tres denuncias constitucionales es el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular).
Otros exfuncionarios en la mira por presunta infracción constitucional son el expresidente Pedro Castillo y los exministros Guido Bellido, Mirtha Vásquez y Pedro Francke. La denuncia se debe a una asignación de recursos a diversos ministerios que, según la imputación debió contar con la aprobación previa del Congreso. El delegado en este caso es el fujimorista Ventura.
El expresidente Martín Vizcarra - quien se encuentra inhabilitado de la función pública por el Vacunagate - afronta la DC 424 por el nombramiento del exprocurador Daniel Soria. El ponente en este caso es otro fujimorista, Víctor Flores.
Es conocido el rechazo del fujimorismo y Renovación Popular a Salas Arenas y estas exautoridades. Serán estos congresistas quienes elaboren los informes finales para acusarlos por presuntos delitos o infracciones constitucionales, plantear que sean inhabilitados.
Con la ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional, en caso el Congreso apruebe acusarlos y ellos presenten demandas de amparo para defender sus derechos, los jueces deberán rechazarlas.
María Acuña lidera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Incorporan a Patricia Chirinos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
La bancada de Avanza País eligió a la congresista Patricia Chirinos como miembro titular en la Subcomisión de Acusaciones. En mayo de este año, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra por el caso Patricia Benavides.
