Las claves para entender el nuevo golpe que alista el Congreso contra el sistema judicial

La modificación del Nuevo Código Procesal Constitucional proviene de una propuesta impulsada por la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi. Esta ley contempla dos cambios polémicos que han generado preocupación: en primer lugar, disminuye la cantidad de votos necesarios en el Tribunal Constitucional (TC) para la resolución de conflictos competenciales; en segundo lugar, establece restricciones para revertir las decisiones adoptadas por el Congreso en los procesos de acusación constitucional.

La semana pasada, mientras diversos gremios empresariales exigieron la derogación de la Ley 32108 pro crimen organizado, la Junta de Portavoces del Congreso sesionó de manera virtual para ampliar la agenda de temas a tratar en el Pleno. Ocho voceros firmaron a favor de incluir en la discusión el dictamen que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional.

Se trata de una propuesta que se suma a los ataques del Congreso contra el sistema judicial.

El impacto en el caso JNJ

Como se sabe, en marzo de este año el Pleno aprobó una acusación constitucional contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. La sanción impuesta como parte de ese juicio político fue la inhabilitación de la función pública. Eso provocó que Tello y Vásquez dejen sus cargos de inmediato. Después ellos presentaron una demanda de amparo contra ese veredicto ante el Poder Judicial (PJ).

Una medida cautelar permitió que los juristas Tello y Vásquez retornen temporalmente a la JNJ. El Congreso consideró que el Poder Judicial vulneró sus funciones y presentó una demanda competencial en el Tribunal Constitucional (TC). Esta institución dispuso mantener la destitución hasta que se resuelva el conflicto.

Sin embargo, luego el Poder Judicial resolvió el tema de fondo en la demanda de amparo y ordenó que Tello y Vásquez se reincorporen a la JNJ tras una inhabilitación irregular. En el Congreso aguardan que el TC revierta ese fallo y valide la acusación constitucional para remover a los dos magistrados.

Las demandas competenciales se resuelven con cinco votos en el pleno del TC. La ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional reduce esos votos necesarios a cuatro. Así la valla se reduce. El Congreso pretende usar esa norma para inclinar la balanza a su favor en la resolución del conflicto por el caso JNJ y así lograr separar a Tello y Vásquez.

Este viernes habrá una audiencia en el TC y el magistrado Vásquez será escuchado. Para ese día, el Congreso ya podría haber aprobado esta ley.

Cheque en blanco para las acusaciones constitucionales

La otra modificación de este dictamen del fujimorismo es que estipula que las acciones del Congreso como parte de su control político - entre ellas los procesos de acusación constitucional - y otras decisiones, como la elección de altos funcionarios, no están sujetas a control judicial.

Los jueces que reciban demandas de amparo contra las acciones del Congreso no podrán ser tramitadas.

Los juristas Heber Joel Campos y Beatriz Ramírez han explicado que esta parte del proyecto empodera las acusaciones constitucionales debido a que los altos y exaltos funcionarios sometidos a denuncias desde el Congreso no podrán revertir las imputaciones en el fuero judicial, en caso consideren que vulneraron el debido proceso y sus derechos.

En el Parlamento hay una lista de altos y exaltos funcionarios en la mira de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) con denuncias pendientes de resolverse: el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas; el expresidente Francisco Sagasti y los exministros José Elice y Mirtha Vásquez.

Los tres últimos afrontan procesos de juicio político por presuntas infracciones constitucionales. En ese escenario la máxima sanción contemplada es la inhabilitación de la función pública que podría dejarlos fuera de carrera en caso participen en las elecciones generales del 2026.

Dicha ley podría generar un escenario de persecución contra los funcionarios detractores del Congreso. Hay antecedentes de decisiones adoptadas por esta institución que fueron revertidas en el fuero judicial debido a las irregularidades detectadas.

En junio del año pasado la fiscal suprema Zoraida Ávalos fue inhabilitada tras una acusación constitucional por no haber investigado al expresidente Pedro Castillo. Ávalos defendió sus derechos en el sistema judicial y demostró que la decisión del Congreso fue arbitraria y retornó a su cargo.

Los magistrados Tello y Vásquez pudieron defenderse también mediante una demanda de amparo.

Con una ley de estas características, los funcionarios acusados por el Congreso estarán con las manos atadas.

Además, explicó Campos, tampoco se podrá cuestionar en el sistema judicial la manera en que el Congreso elija a los miembros del TC, el defensor del Pueblo, el contralor, entre otros altos funcionarios.

Como se sabe, el año pasado fue cuestionada la elección del defensor del Pueblo, José Gutiérrez. Años anteriores la elección de los miembros del TC también fue materia de observación.

De eso se trata este nuevo zarpazo del Congreso.

Congreso tiene previsto debatir nuevo golpe contra sistema judicial y ley de terrorismo urbano

Este miércoles 9 de octubre sesionará el Pleno del Congreso a partir de las 3 de la tarde. En su agenda figura el dictamen que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional. Está previsto que esta semana sea debatida esta contrarreforma. Basta con la mayoría simple de votos para que sea aprobada.

Asimismo, este 9 y 10 de octubre se debatiría los dictámenes que buscan tipificar el delito de terrorismo urbano. Según la agenda del Pleno del Congreso, no se incluyó el proyecto de ley del Ejecutivo que pretendía criminalizar las protestas pacíficas. Los dictámenes de los 17 proyectos de ley continúan en la misma situación, ya que la semana pasada se decidió pasar a un cuarto intermedio, apenas comenzó el debate. Este proyecto ha sido fuertemente criticado por expertos en crimen organizado y seguridad ciudadana, quienes señalan que su implementación no tendría ningún impacto en la reducción de la tasa de extorsiones y otros delitos.