Rosío Torres: declaran procedente denuncia contra congresista por caso 'mochasueldos'

Con 11 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha declarado procedente la denuncia contra la congresista Rosío Torres, perteneciente a Alianza para el Progreso (APP), bajo la acusación de recortar los sueldos de los trabajadores de su despacho.

Según la denuncia presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, Torres habría utilizado su autoridad para doblegar la voluntad de los empleados, obligándolos a entregar dinero de sus sueldos. Las transferencias implicadas suman montos considerables, y se cree que terminaban en los bolsillos de Torres a través de operaciones intermediadas por su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.

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Evidencias bancarias y registros de transferencias están siendo examinados tras la aprobación del levantamiento del secreto bancario de la congresista y su sobrino, por parte del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria. Esta medida está permitiendo un análisis más profundo de las finanzas involucradas en la acusación.

La denuncia contra la parlamentaria se agravó tras la divulgación de videos y reportes que mostraban a la congresista tratando de borrar conversaciones comprometedoras de su celular, lo que fue interpretado como una posible admisión de culpabilidad. Estas imágenes surgieron justo cuando se reportó que la Fiscalía de la Nación había presentado dos denuncias constitucionales contra ella en relación con el caso apodado 'Mochasueldos'.

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La acusación se acompaña de testimonios de varios trabajadores del despacho de Torres y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quienes habría sido forzados a contribuir con parte de sus ingresos. Los hechos investigados abarcan el periodo en el que Torres ejerció como presidenta de la Subcomisión, durante los años 2021 y 2022.

Uno de los testimonios recibidos fue el de Cecilia Salazar, quien fue asesora de nivel II de la congresista Torres, transfirió cantidades como 1350, 2000 y hasta 6850 soles a la cuenta del sobrino de Torres. En total, entregó 24,562 soles en siete meses, supuestamente destinados a la congresista.

Ante esto, el Congreso ha tratado la admisión de la denuncia con seriedad, reflejada en la votación unánime de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para llevar el caso a trámite. Además, las denuncias contra Rosío Torres se han acumulado con otras investigaciones que reportan hechos similares, lo que indica una posible práctica recurrente de manipulación de sueldos dentro de su ámbito de influencia.

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En respuesta a la gravedad de las acusaciones, la Subcomisión ha designado a Arturo Alegría, congresista de Fuerza Popular, como delegado ponente para las denuncias constitucionales acumuladas, lo que incluye otros casos contra diferentes parlamentarios. Alegría tendrá la tarea de remitir un informe detallado de los hechos y las pruebas pertinentes en el marco establecido por el reglamento del Congreso.

Paralelamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también ha procedido con otras denuncias importantes, como la Denuncia Constitucional 470 contra el exministro del Interior Carlos Morán, por el supuesto delito de falsedad ideológica, vinculado a una resolución ministerial que habría felicitado indebidamente a ciertos oficiales de policía en 2020.