Congreso acude al Tribunal Constitucional para evitar posible disolución

El Congreso de la República materializó ayer el trámite de la demanda competencial y la medida cautelar contra el Poder Ejecutivo, ante la instancia del Tribunal Constitucional (TC). El objetivo inmediato es bloquear un posible cierre, por parte del presidente Pedro Castillo.

Ambos escritos fueron ingresados en forma física ayer a las 4:18 p.m. Los documentos fueron firmados por el titular del Parlamento, José Williams.

Acompañan con sus rúbricas los abogados Domingo García Belaunde y Gerardo Eto Cruz. Asimismo, Guillermo Llanos (jefe del área legal del Congreso) y José Torres López (integrante de la Oficialía Mayor).

Hubo marchas y contramarchas antes del trámite de la demanda. El lunes, el abogado Aníbal Quiroga había informado que sería el responsable del trámite de la demanda y la medida cautelar. Pero ese mismo día, la Mesa Directiva del Congreso cambió de parecer.

Luego comunicaron a Carlos Mesía para hacerse cargo del patrocinio legal. Fuentes del Parlamento informaron que el martes ya había estampado su firma para el trámite.

Sin embargo, ayer hubo un tercer cambio y finalmente quienes se sumarán a la defensa del Parlamento son los mencionados Domingo García Belaunde y Gerardo Eto Cruz.

El conflicto político entre el Ejecutivo y el Congreso ahora pasa al terreno del Tribunal Constitucional.

Decisión clave

Debido a la urgencia de la crisis política, el TC tendrá que analizar si se pronuncia o no con especial prioridad, en relación a la medida cautelar.

Concretamente, el Congreso solicita al TC ordenar al Poder Ejecutivo abstenerse de considerar como denegada la primera cuestión de confianza y que “no proceda a disolver el Congreso de la República”.

Esto debido a que el Ejecutivo ya hizo público el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 24 de noviembre, donde asumen en forma oficial que han interpretado el rechazo de plano que hizo el Congreso a la cuestión de confianza como una primera denegatoria.

Siguiendo esta lógica, si la premier Betssy Chávez plantea ahora una segunda cuestión de confianza y si esta no es aceptada por el Legislativo, el presidente Pedro Castillo estaría expedito para cerrar el Congreso.

El TC tendrá que analizar si sesiona con prontitud para admitir esta medida cautelar y tomar una decisión sobre si conceden o no el pedido congresal.

Demanda competencial

El TC tiene la opción de conceder la medida cautelar, mientras se toma un mayor tiempo para resolver la demanda competencial, que supone una decisión ya de fondo.

Y es que la postura del Parlamento es distinta. Este poder del Estado defiende la vigencia del reglamento parlamentario, que prohíbe al Ejecutivo interpretar el sentido de una decisión adoptada sobre una cuestión de confianza.

Mientras la Mesa Directiva rechazó de plano la primera cuestión de confianza con el fin de llevar el tema al Pleno, el presidente Pedro Castillo ya interpretó esto como una primera denegatoria.

Adicionalmente, está vigente la ley 31355, aprobada unilateralmente por el Congreso, donde también prohíben al Ejecutivo plantear cuestión de confianza sobre temas legislativos o de reformas constitucionales.

Un aspecto adicional a tomar en cuenta es que el TC está conformado por magistrados elegidos por el actual Congreso, en medio de un proceso debilitado por la poca transparencia.

Los escritos

Con la medida cautelar piden al TC ordenar a Pedro Castillo abstenerse de avanzar hacia el cierre del Congreso. Con la demanda piden definir quién interpreta la denegatoria.