El discurso del presidente Pedro Castillo exacerbó los ánimos de la oposición en el Congreso, debido a que no hubo ningún mea culpa del mandatario y este, en vez de pronunciarse sobre su exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez, quienes se encuentran prófugos, optó por atacar a la prensa que revela los casos de corrupción que lo involucran.
Los parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País otra vez lanzaron amenazas contra el mandatario, pero sin ahondar sobre una estrategia a corto plazo para lograr que él deje el cargo o para que los representantes del Ejecutivo y Legislativo se vayan y se convoque a comicios generales.
“¡Pido la renuncia del presidente!”, exclamó la fujimorista Martha Moyano, primera vicepresidenta de la Mesa Directiva. Su colega Héctor Ventura, titular de la Comisión de Fiscalización, opinó en la misma línea. “Estamos ante un presidente que ha estado mintiendo constantemente”, afirmó ayer en la plaza Bolívar.
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Sin embargo, el jefe del Estado no dará su brazo a torcer. Incluso, como lo dejó entrever ayer en su discurso, apuesta por aferrarse al cargo. La oposición no cuenta con los votos para vacarlo. Necesita 87. Mientras las bancadas de izquierda estén cerrando filas a la destitución presidencial, les será imposible conseguirlos. Y más aún porque, como lo demostró la reciente elección de la Mesa Directiva, la derecha está dividida.
Así que la demanda de renuncia proveniente del fujimorismo queda más en el discurso. De igual forma las amenazas de vacancia.
Existe un camino por el que el Congreso ahondará en esta nueva legislatura, pero que les tomará tiempo: el juicio político. El objetivo, como lo adelantó La República, es inhabilitar al presidente Castillo y su vicepresidenta, Dina Boluarte. Así lo aseguró ayer el portavoz de Renovación, Jorge Montoya, ante la prensa. “Vamos en orden. Primero vamos a inhabilitar a Boluarte”, aseguró.
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El juicio político contra Boluarte, si bien avanza rápido, tiene como ponente a cargo de elaborar el informe final del caso Club Apurímac al congresista oficialista de Cambio Democrático Edgard Reymundo, quien es un defensor del Gobierno. La sanción máxima en este proceso es la inhabilitación de la función pública. Esta necesita de 66 votos a favor – menos los integrantes de la Comisión Permanente – en el pleno, pero resulta complicado que, en su expediente a presentar, el parlamentario Reymundo recomiende dicha sanción.
Es cierto que al fujimorismo y sus aliados les resulta matemáticamente más factible la vía de la inhabilitación contra Boluarte, luego Castillo y así tomar el poder, pero dependerá de los ponentes a elegir en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y las negociaciones para que otras fuerzas políticas se sumen.
Caso Apurímac. Boluarte está en la mira de la oposición. Foto: difusión
Sobre Castillo, en esta legislatura comenzará el juicio político, que se sostiene en el informe final de la Comisión de Fiscalización en los casos Sarratea y Puente Tarata. A medida que se destapen nuevas evidencias en estas indagaciones, las bancadas de oposición tendrán más elementos para buscar la inhabilitación del jefe del Estado.
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“Esta crisis está más en razón a las personas que están presentándose como colaboradores eficaces y creo que la verdad de los hechos es lo que pondrá las cosas en su verdadero nivel”, augura el congresista José Williams Zapata, portavoz de Avanza País.
Ayer, mientras los parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País hablaban de vacancia, inhabilitación o pedidos de renuncia, la congresista Susel Paredes, del Partido Morado, les recordó a los fujimoristas que en su momento ellos se rehusaron a censurar al ministro de Transportes, Juan Silva, quien hoy está prófugo de la justicia. “Esta crisis política no la ha producido solo el presidente. Cuando yo presenté interpelaciones y reunía las firmas para interpelar al hoy prófugo Juan Silva, ¿los fujimoristas querían firmar? No querían”, recordó.
La congresista morada recalcó además que ella impulsó una propuesta de ley de adelanto de elecciones generales. Sin embargo, esta no tuvo eco en los partidos que gritan vacancia. Esto evidencia cómo los congresistas no se sienten parte del problema, pese a que la alta desaprobación que tienen.
Gladys Echaíz, Renovación Popular
“Que diga que todo lo declarado por quienes se han acogido a la colaboración eficaz y que los medios de comunicación han expuesto es falso. Eso es cinismo puro y que no me digan que le han faltado el respeto”.
María del Carmen Alva, Acción Popular
“No hubo autocrítica del presidente, sino que vino con la pata en alto. Comenzó a atacarnos y decir que estamos injuriando a su familia (...) Hay una incapacidad para la acción y una capacidad para la corrupción”.