Ana Neyra: “Yo creo que sí se puede hablar de una cuasi tiranía del Congreso”

El Congreso está llevando adelante un avasallamiento institucional. Ha puesto en la mira a los organismos electorales y a la Junta Nacional de Justicia. Mientras tanto, ya controla a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional. La exministra de Justicia y abogada Ana Neyra analiza la situación en la siguiente entrevista.

— ¿Qué se puede decir del comportamiento del Congreso? Anda detrás de los organismos electorales. Hay una acusación constitucional en contra de la fiscal Zoraida Ávalos. Hay también una arremetida en contra de la Junta Nacional de Justicia. Está, aparte, la elección de un nuevo defensor del Pueblo que no parece cumplir con los requisitos para el cargo.

— El Congreso ha identificado espacios importantes en el Estado y ha empezado a captarlos, porque tienen los votos y han empezado a capitalizarlos en busca de ese objetivo. Posiblemente todo lo que ha mencionado no estaba pensado como algo coordinado, pero está ocurriendo. Los congresistas cuentan, además, con un respaldo importante en la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que sus actos no pueden ser controlados judicialmente. Por eso retomaron el concurso de la Defensoría del Pueblo. Es más, esa sentencia del TC exhortaba al Congreso a incluir a los organismos electorales en el listado de juicio político. De hecho, los miembros del TC estarían en una lógica de convalidar esos excesos.

— Los miembros del TC son nombrados por el Congreso.

— Exactamente. Claro, se ha conversado mucho sobre la falta de legitimidad del Congreso, pero eso no parece detenerlos.

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— Ahora, los procesos de selección del TC o de la Defensoría han estado desde antes en manos del Congreso, pero ahora es cuando nos alarmamos.

— En el caso del TC desde hace algún tiempo nos hemos ido dando cuenta de que se trata de un espacio clave y que el Congreso lo quería cooptar. Sin embargo, no se tomaron medidas para evitarlo. El problema es que modificar esto implicaría una reforma de la Constitución que tendrían que hacer los propios congresistas, que evidentemente no tienen ningún incentivo para ello. Es decir, si actualmente yo elijo al TC, al defensor del Pueblo, a una parte de los miembros del BCR y otros cargos más, ¿por qué le dejaría ese poder a otro?

— Claro, ¿para qué renunciarían a un poder tan importante, que les permite negociar? ¿Caminamos hacia una especie de parlamentarismo de facto?

— El parlamentarismo implicaría cosas que no tenemos, que exigiría un Gobierno elegido por el Congreso, por ejemplo...

— Por eso añadí el “de facto”.

— Claro. Yo creo que sí se puede hablar de una cuasi tiranía del Congreso. Son conscientes de la fragilidad del Gobierno y eso les da más poder. Desde hace varios años han aprobado una serie de medidas para quitarle poder al Ejecutivo, que está bastante a merced de ellos. Por ejemplo, está lo de la reducción del ámbito de la cuestión de confianza. Que se pueda hacer solo por determinados temas y que deba ser expresa, hace que en la práctica pierda esa capacidad de presión que en un momento sirvió como contrapeso desde gobiernos pasados. Sí, por un lado, se puede hablar de un poder bastante grande del Congreso. Y también es verdad que el Gobierno depende de él para su opción de sostenerse.

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— ¿Hay un acuerdo?

— No necesariamente. Más parecen acciones paralelas que terminan confluyendo. Por ejemplo, en la elección del nuevo defensor, uno hubiera esperado que el Gobierno hiciera alguna invocación, pero no, se nota más bien como una aquiescencia. Porque en el Ejecutivo saben que enfrentarse hoy al Congreso no les trae beneficios.

— ¿Ve alguna oportunidad para cambiar la situación? ¿O lo ve muy complicado?

— Es complicado. Lo que en un momento generó consenso fue lo del adelanto de elecciones, pero eso no va a pasar porque el Congreso no va a aprobar la reforma constitucional necesaria. Lo que se están generando son incentivos para que la ciudadanía busque salidas a través de la presión. Esto puede terminar legitimando que los ciudadanos busquen salidas por fuera de la institucionalidad, con protestas que podrían tornarse violentas. Claro, si los ciudadanos buscan cambios y solo les responden “no quiero”, entonces buscarán hacer esos cambios de otra forma. También es verdad que falta un nivel de organización suficiente para que se pueda encaminar una verdadera presión. Y eso es lo que más le conviene a ellos. Pareciera que lo que va a prevalecer es el estatus quo.

— La gente se movilizó en diciembre y enero. Supongo que habrá decepción de ver que pese a todo el esfuerzo esta gente se mantiene en el poder. Y ni hablar del miedo que debe haber disparado la represión.

— En noviembre del 2020 se vieron resultados inmediatos que hoy no se ven. Otra vez los incentivos, ¿por qué marcharía si estas personas ni siquiera se sienten aludidas? Además, está el nivel de la represión que ha generado temor. Alberto Vergara decía en un foro que cómo es posible que vivamos en un país con 60 muertos en protestas y las élites políticas y económicas se nieguen a verlo o lo minimicen o, peor aún, que lo justifiquen.

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—La Fiscalía ha solicitado a la presidenta Boluarte declarar sobre las muertes ocurridas en las protestas. ¿Cree que este tema pueda avanzar?

— Que se iniciara investigación por genocidio le quita mucho piso. Hubiese tenido más sentido si se hubiera hecho por lesiones graves u homicidio u alguna otra figura penal. Me parece que la fiscal no va a interpelar a la presidenta para generar una teoría de autoría mediata, como con Fujimori. Lo que podría pasar es que la fiscal va a señalar que no hay responsabilidad, lo cual seguramente será apelado. Y entonces, o se resolverá en sede nacional o bien llegará a la Corte Interamericana en su momento. Esto último parece lo más probable.