Congresistas bloquean comisión investigadora de las muertes en protestas

El pasado 3 de marzo, el Congreso ratificó el acuerdo para conformar una comisión investigadora encargada de establecer las responsabilidades políticas y penales por las muertes registradas durante las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte. Han transcurrido dos meses y medio, y hasta la fecha este grupo no ha sido instalado.

El retraso es aún mayor si se toma en cuenta que el acuerdo de creación de la comisión investigadora fue adoptado en el Pleno del 12 de enero.

En aquella oportunidad, el Pleno respaldó la conformación de la comisión con 71 votos a favor. Hubo, en cambio, 45 votos en contra, principalmente de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

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Maniobras dilatorias

Sobre la marcha surgió una primera maniobra para dilatar la instalación de este grupo: Adriana Tudela, de Avanza País, presentó una reconsideración, puesto que cuestionaba el término violación de los derechos humanos en la moción aprobada por la mayoría.

El Congreso esperó hasta el 3 de marzo para recién incorporar en la agenda del Pleno la votación de la reconsideración.

En esta fecha, se unieron con sus votos Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País para intentar dar marcha atrás sobre la comisión investigadora ya aprobada. No lo lograron.

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Por este motivo, desde el 3 de marzo corría el plazo para que el Congreso proceda con la instalación de la comisión, pero surgieron nuevas maniobras.

La Junta de Portavoces, bajo la conducción de José Williams, esperó recién hasta el 3 de abril para acordar el número de integrantes del grupo y los cupos que le correspondía a cada bancada. Es decir, demoraron un mes para un simple acuerdo.

Alto riesgo de blindaje

El mismo 3 de abril, las bancadas fueron comunicadas formalmente sobre la composición de la comisión indagadora y, al mismo tiempo, se les solicitó que cumplan con acreditar a sus representantes.

Desde aquella fecha, solo tres grupos parlamentarios han cumplido con acreditar a sus representantes: Cambio Democrático (Ruth Luque Ibarra), Perú Libre (Margot Palacios Huamán) y Acción Popular (Elvis Vergara Mendoza).

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La bancada del Bloque Magisterial acreditó a Germán Tacuri, pero este legislador está impedido por ser autor de una de las mociones presentadas para la creación de la comisión.

Ahora bien, por proporcionalidad, dos cupos le corresponden a Fuerza Popular, pero esta bancada —hasta la fecha— no cumple con acreditar a sus representantes.

Similar es la desidia de tres bancadas que funcionan como satélites del fujimorismo y que tampoco acreditan a sus representantes: Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP).

La comisión investigadora debe contar con nueve integrantes. Pero ya han transcurrido más de dos meses y medio y las bancadas aún no acreditan a seis parlamentarios. El desinterés proviene principalmente de Fuerza Popular y sus aliados. Legalmente, se necesita por lo menos seis miembros para empezar su funcionamiento.

Otro será el cantar cuando este grupo empiece a funcionar: Fuerza Popular y los grupos afines de APP, Acción Popular, Renovación Popular y Avanza País sumarían seis miembros, número suficiente para manejar la comisión e imponer decisiones y eventuales blindajes a Dina Boluarte y todos los responsables de los crímenes.

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Moción

Texto aprobado. “Crear una comisión investigadora que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física (...), desde el 7 de diciembre del 2022, por un plazo de 90 días”.