Pedro Grandez: “La CIDH le está diciendo al Estado peruano que actúe y que no encubra más”

El potente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en el Perú confirma que hubo ejecuciones extrajudiciales y un intento por ocultar la verdad. Sobre las implicancias legales y políticas, el abogado y docente en derecho constitucional Pedro Grandez responde en esta entrevista.

—¿Cuáles pueden ser las consecuencias legales del informe de la CIDH?

—Los informes de la Comisión no hay que evaluarlos en términos formales. He escuchado a abogados y algunos políticos decir que, como no es jurisdicción —lo cual es cierto porque las decisiones que son jurisdicción son las de la Corte IDH—, el valor jurídico es relativo. Pero no es cierto. Estamos en un contexto en el que el derecho es un conjunto de razones. Hoy en día, el derecho no depende solo de la autoridad, también del razonamiento. La Comisión está diciéndonos que hay un conjunto de argumentos para llegar a conclusiones: graves violaciones a los derechos humanos, una masacre en el caso de Ayacucho, violencia generalizada, un uso desproporcionado de la fuerza pública, intento de encubrimiento de parte de funcionarios y organismos estatales.

—¿La CIDH está poniendo pautas a la Justicia peruana?

—Así es. Está poniendo un estándar, diciendo que hay claridad en algunos hechos y demuestra que se puede avanzar rápidamente en establecer responsabilidades individuales. Si la Comisión en dos o tres días ha podido recabar testimonios, hacerse de pruebas documentales, incluso de videos…

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—La Justicia peruana debería poder hacer lo mismo.

—Cualquier órgano debería hacerlo rápidamente.

—¿La Comisión le está diciendo al Estado: “Actúa”?

—Exacto, le está diciendo al Estado peruano que actúe y que no encubra más. Los testimonios que la Comisión recoge confrontan hipótesis que se han tratado de ensayar de parte del Estado claramente falsas.

—¿Y qué ocurre si el Estado no actúa?

—El tema es que no debería ocurrir eso. La Justicia tiene varios niveles. Una cosa es que el Ejecutivo o los oficiales mientan, pero no lo puede hacer el Ministerio Público. De hecho, el informe recoge bastante evidencia producida por este, lo cual es una buena señal. La actuación del MP está documentada en el documento, con los informes forenses, por ejemplo.

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—¿Pero si las autoridades no actúan en el marco de su competencia?

—Entonces aquí nos vamos acercando a un problema de responsabilidad internacional de Estado, que estaría muy bien documentada en una fase bien temprana del propio sistema interamericano. Normalmente, este actúa cuando ya ha pasado mucho tiempo, ahora tenemos una intervención casi en paralelo de autoridades nacionales y del sistema interamericano.

—Las investigaciones en el sistema peruano demoran. ¿La Comisión podría decirle al Estado que se está tomando demasiado tiempo?

—Sí. Incluso podría hacer audiencias de seguimiento a las investigaciones, está dentro de sus competencias. El punto de partida del informe es muy interesante. No dice que es un conflicto étnico-racial, aunque sí menciona que hay problemas estructurales de discriminación detrás de estos actos. Yo creo que acá nos estamos enfrentando a poner a prueba nuestro sistema. Después de tantas violaciones en las que hemos sido condenados como Estado, tenemos la oportunidad de demostrar que podemos…

—¿Resarcirnos?

—Así es. Ojalá las autoridades y los funcionarios de la justicia entiendan este mensaje.

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—Pasemos a las implicancias políticas. ¿Cuáles son las que podrían presentarse?

—Esto es algo importante. Recordemos que los Estados constitucionales se fundamentan y legitiman en el respeto a los derechos humanos y la dignidad. Si vemos autoridades encubriendo graves violaciones a los derechos humanos, entonces hay un problema de legitimidad ética y jurídica. Va a ser muy importante ver la reacción del Gobierno. Espero que sea inteligente porque lo que está poniendo sobre la mesa el sistema es que ya estamos frente a hechos consumados y quedan dos caminos: o se mantiene la actitud de decir que no se tiene ninguna responsabilidad o, en cambio, se empieza a actuar de acuerdo a los lineamientos de la Comisión. Aquí vamos a ver la visión estratégica de los actores políticos del Ejecutivo.

—Dijo que el informe compromete la legitimidad democrática del Gobierno. ¿Por qué?

—Porque es difícil sostener que hay democracia cuando estamos ante hechos que hablan de una masacre. No puede haber democracia que se asiente, frescamente, sobre una masacre o que no responda, al menos, pidiendo disculpas frente a hechos tan graves. La presidenta Boluarte las dijo un poco…

—Casi a la fuerza.

—Casi a la fuerza. Y se necesitan acciones concretas. Llama la atención que el diálogo se encuentre interrumpido y que se siga ‘terruqueando’ en buena cuenta a los que se movilizaron, que no se reconozca la profunda dignidad que esos ciudadanos tuvieron al levantarse. Se levantaron, como dice la Comisión, frente a lo que entendieron como una traición. Una ciudadanía que no dice nada cuando siente que torcieron su voluntad es una de la que no podríamos estar orgullosos. Esto al margen de la orientación del voto de esa ciudadanía. Esas movilizaciones en el sur son genuinamente democráticas y el régimen no lo está entendiendo. Podemos decir que se equivocaron profundamente al elegir; sin embargo, es una actitud coherente con ese voto. Y un mandatario no puede salir a disparar balas cuando le piden rendir cuentas. La rendición de cuentas es un principio básico del sistema democrático liberal.

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—Es muy liberal salir a protestar.

—Absolutamente.

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