Manifestantes: “Acusación de tener financiamiento ilegal nos ofende”

La afirmación del Ejecutivo de  que los manifestantes del interior del país han llegado a Lima financiados por el narcotráfico y la minería ilegal ha causado una gran ofensa en las delegaciones provincianas.

Virginia Ontón Iturriaga, del distrito de Ollantaytambo, provincia cusqueña de Urubamba, refiere que no solo han sido difamados por el Gobierno, sino que en Lima también han podido constatar la discriminación contra la población indígena.

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“Tres días antes de que partiéramos de Ollantaytambo hemos hecho colecta de dinero  casa por casa, en los mercados, en emprendimientos de hoteles y restaurantes. Amigos que residen en el extranjero y en Lima nos han hecho depósitos. Asimismo, los presidentes de las comunidades juntaron dinero y nos dieron para costear el viaje”, explica Ontón Iturriaga, también secretaria de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo.

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La discriminación al hombre andino la sintieron tan pronto pusieron sus pies en el distrito de Magdalena. Los vecinos, desde sus departamentos, los filmaron con celulares. La policía llegó para preguntar por qué había tanta gente en la casa. Desde ese momento serenazgo  vigiló el lugar.

Eugenio Allcca, de la delegación apurimeña de Andahuaylas, relata que ellos están hospedados en diferentes lugares y que, al haber sido detenida la persona encargada de administrar el dinero recolectado en Andahuaylas y al  tener bloqueada la cuenta, ahora no poseen ni un centavo para sus gastos.

“Es un abuso lo que han hecho. Por eso, estamos llevando una cajita para recibir colaboración. Estamos sobreviviendo con eso y con la ayuda de la provincia”, dice Allcca.

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Su paisano Germán Altamirano confirma que los andahuaylinos están esparcidos en centros deportivos y culturales de la colonia chanka, durmiendo sobre cartones, lo cual ha quebrantado la salud de algunos.

“Es un error terrible del Gobierno hablar de esa manera, porque esa afirmación ofende a la gente”, sostiene Altamirano.

 En la representación de Juliaca, Orlando Sanga señala que también recurrieron a la colecta. Tienen el video de esa actividad y del conteo del dinero. “Con eso podemos sustentar nuestro financiamiento”, anota. Menciona que, a raíz de la detención de sus hermanos por la Dircote, varias organizaciones de derechos humanos los han reubicado en albergues.

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“Nos mantendremos en Lima hasta que Dina Boluarte se vaya, incluso hemos acordado para que venga más gente desde Puno”, anuncia Orlando Sanga.

Y Pablo Salas, de la provincia puneña de Sicuani, refiere que están pasando penurias para alimentarse y pernoctar.

“Estamos en alojamientos colectivos, en locales. Entonces, lo que nos acusan es falso. Permanecemos gracias a los  paisanos y familiares. Estamos resistiendo semanas y lo haremos hasta que la señora Dina renuncie. Está viniendo más gente, solo retornan los que han sufrido algún golpe y las señoras de mayor edad”, precisa Salas.

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Buscan a los culpables de las protestas

La abogada especialista en DD. HH. Ana María Vidal señala que están buscando culpar a las economías ilegales, a Evo Morales e, incluso, a los sindicalistas sobre estas protestas, cuando es la población organizada la que sale y dice basta.

“Organizarse no es delito. Pero eso no lo quiere ver el Gobierno, el Congreso, ni el sistema judicial. El conflicto armado nos dejó una historia terrible en violación de DD. HH., luego vinieron 20 años de extractivismo y ahora se están mezclando las violaciones cometidas en esas etapas. No se ha aprendido nada”.