Gobierno pide al Times rectificarse, pero reafirma no tener pruebas sobre "financiamiento" de las marchas
Canciller admitió no tener "evidencia" de la supuesta promoción de las protestas que tanto enuncia Boluarte.
- Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto
- Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI
Respuesta con pedido de rectificación. Dos días después de que la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, aceptara en el New York Times que el Gobierno de Dina Boluarte no cuenta con información oficial para aseverar el supuesto financiamiento ilícito de las protestas nacionales, el jefe de la Oficina General de Comunicación de la Cancillería del Perú, Ricardo Ynouye, envió un oficio al editor del diario americano, Thomas Feyer. En la carta "expresó su preocupación por la interpretación" del medio de comunicación, expuesto tanto en el titular del artículo como en "las declaraciones citadas".
Cancillería no solo alegó una confusa adecuación de Julie Turkewitz y su equipo de edición sobre los dichos de Gervasi, sino que sugirió un tratamiento ausente de "verdad" y falto de "exactitud".
TE RECOMENDAMOS
EL ESCÁNDALO DE LAS INHABILITACIONES Y EL PACTO NO CESA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
En la misiva difundida por "La encerrona", el Gobierno, incluso, propuso esclarecer la declaración: "Como ha afirmado la presidenta (...) Dina Boluarte y ha dicho el ministro Gervasi en la entrevista, 'creemos firmemente' que las protestas que se perpetran con violencia están siendo financiadas y que eso está 'bajo investigación'".
Sin embargo, en el artículo se precisó los dichos de la canciller sobre la "evidencia que encontrarán muy pronto". Ese enunciado a futuro no corresponde a la actualidad, donde la primera mandataria reafirma sin pruebas, en cada mensaje a la nación, las hipotéticas vinculaciones del narcotráfico, minería ilegal, terrorismo y demás grupos azudadores con las manifestaciones hechas en todo el país.
Desde hace dos meses, en diferentes regiones del Perú, miles de marchantes piden la remoción de la clase política. Poco más de media centena de compatriotas han muerto y las acusaciones en su perjuicio persisten.
Esta no es la primera conducta cuestionable de la Cancillería. "Punitiva", fue la palabra utilizada por el diplomático Oswaldo de Rivero para describir el pedido del vicecanciller Ignacio Higueras a las embajadas, consulados generales y representantes permanentes del Perú de "comunicar adecuadamente la situación del país". A Higueras le preocupó la escasa comunicación de las dependencias en naciones extranjeras con los medios de comunicación de sus respectivas residencias.
Otro episodio ocurrió el 25 de enero del 2023. El semanario Hildebrandt en sus trece publicó que el cónsul del Perú en París le envió a las autoridades francesas tres documentos más un video de la canciller, en el cual explicó las "acciones violentas" de ciertos grupos "pretendientes de subvertir el orden constitucional" encumbrados en las protestas. También sindicó a diversas agrupaciones sociales en un PPT llamado "Intento de golpe y crisis política y social en el Perú".
Estos tres hechos evidencian la pretención de Boluarte Zegarra de extender la narrativa gubernamental a los servicios diplomáticos, por definición independientes de su gestión.
