Por Wilber Huacasi, enviado especial
En medio del silencio y el intento de estigmatización hacia las víctimas de Ayacucho, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó ayer a esta ciudad y sostuvo una extensa reunión con los familiares en duelo; esto como parte de una visita que hicieron para analizar la grave crisis política.
La delegación estuvo conformada por María Claudia Pulido, Laura Morelo y Santiago Martínez, de Colombia, y Thiago Dezan, de Brasil; todos funcionarios y funcionarias de la secretaría ejecutiva de la CIDH.
El encuentro se produjo en forma reservada en el Centro Loyola. Allí, los familiares de cada una de las 10 víctimas ofrecieron sus testimonios e información sobre lo ocurrido el 15 de diciembre, cuando hubo un intento de toma del aeropuerto y el Ejército del Perú respondió efectuando disparos directos al cuerpo en los exteriores del terminal aéreo.
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Henry Torres, padrastro del fallecido Luis Miguel Urbano Sacsara (22 años), exigió “justicia, además de apoyo social y moral en estos momentos”.
Según detalló, Vilma Sacsara, su esposa y madre de Luis Miguel, requiere de asistencia psicológica, “ya que se encuentra devastada emocionalmente”. Asimismo, apuntó que las familias necesitan solidaridad y apoyo económico para cubrir las diligencias en esta búsqueda de justicia que tomará tiempo.
En los exteriores del Centro Loyola, familiares de Josué Sañudo (31 años), joven evangélico que también murió de un impacto de bala, también anunciaron que harán todos los esfuerzos hasta alcanzar justicia.
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La delegación de la CIDH también escuchó a algunos heridos, como es el caso de Adrián Ochoa, quien recibió un disparo en el brazo derecho.
Diana Gamboa, decana del Colegio de Abogados de Ayacucho e integrante del equipo que ejerce la defensa legal de algunos familiares, consideró de suma relevancia la visita de la delegación de la CIDH.
“La pronta visita del equipo de la CIDH, luego de la invitación que le extendiera el Estado peruano, da muestras de la gravedad y trascendencia de los hechos ocurridos en materia de derechos humanos”, expresó.
La abogada también destacó que el equipo de la CIDH haya sostenido reuniones con los distintos involucrados, tanto de la sociedad civil como del Estado.
Un grupo de abogados de Ayacucho, entre ellos la decana Diana Gamboa, también presentó un escrito ante la CIDH para que verifique el uso excesivo de la fuerza pública en las protestas y movilizaciones sociales contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte.
Desde el 15 de diciembre, cuando se produjeron las muertes de 10 personas como producto de disparos con arma de fuego, las organizaciones sociales de Ayacucho no han cesado de expresar su solidaridad con los familiares de las víctimas.
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Ayer la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) realizó una vigilia en la plaza de armas con la representación simbólica de los ataúdes de las 10 víctimas.
A primera hora, la delegación de la CIDH sostuvo ayer una reunión con el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, que llegó de Lima, además del responsable de la oficina defensorial de Ayacucho, David Pacheco Villar.
Los especialistas también se entrevistaron con el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, y el director regional de Salud, Walter Bedriñana, quien dio cuenta de la situación de los heridos.
Otra de los encuentros importantes fue el realizado con la Policía. Lo mismo en el caso del Ejército de Ayacucho, en tanto son actores claves para el esclarecimiento de los hechos.