
Roberto Sánchez, candidato presidencial y líder de Juntos por el Perú, rechazó la denuncia presentada por la Procuraduría contra dirigentes de la agrupación política y comunicadores. De acuerdo con la institución, personajes como Hernando Cevallos y Antauro Humala habrían cometido el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública.
“Rechazamos la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra dirigentes políticos, sociales y ciudadanos vinculados a la convocatoria de movilizaciones en defensa de la democracia y de la voluntad popular. Defender el voto ciudadano y la soberanía popular no es delito”, señaló en X (antes Twitter).
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Además de Cevallos y Humala, otras figuras denunciadas fueron Claudia Cisneros, Lía Valderrama, Pavel Yabar, Luccio Ccallo, César Tito, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar. El candidato de Juntos por el Perú afirmó que esto es una forma de “amedrentamiento” contra la protesta pública.
“La protesta pacífica es un derecho constitucional. No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen legítimamente sus derechos democráticos. Por justicia electoral”, dijo Sánchez en redes sociales.
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Además, el Ministerio del Interior —liderado por el ministro José Zapata Morante— indicó que no brindaría las garantías de protección del orden público en favor de los manifestantes concentrados en la protesta ciudadana. De acuerdo con la información difundida, esta decisión se tomó debido a que el pedido no se realizó con tres días hábiles de anticipación.
El líder de Juntos por el Perú también responsabilizó al presidente José María Balcázar por las acciones de la procuraduría. De acuerdo con Sánchez, ha intentado comunicarse recientemente con el mandatario para expresar su posición respecto de las medidas adoptadas.
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“He intentado comunicarme con el Presidente de la República para expresar mi preocupación por las acciones de la Procuraduría y del Ministerio del Interior contra una movilización pacífica. Defender la democracia, justicia electoral y la voluntad popular no es delito”, indicó.
Además, Sánchez advirtió que, ante cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los manifestantes, responsabiliza al gobierno de José María Balcázar.





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