
La JNJ abrió una investigación contra el juez Richard Concepción Carhuancho por resoluciones emitidas en casos de alto impacto que involucraron la inaplicación de la ley de lesa humanidad y otras normas vinculadas a investigaciones por crimen organizado. La Junta Nacional de Justicia considera que el magistrado incumplió una obligación procesal al no remitir sus decisiones a una instancia superior para su revisión.
La medida alcanza al titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, conocido por haber dirigido procesos emblemáticos relacionados con corrupción y organizaciones criminales. El procedimiento fue formalizado mediante una resolución del pleno de la JNJ, que abrió una etapa disciplinaria para determinar si existió una infracción en el ejercicio de sus funciones.
El caso adquiere relevancia porque una de las decisiones observadas está relacionada con la Ley N.° 32107. Dicha norma fue aprobada por el Congreso en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advirtieron que podría beneficiar a personas investigadas o procesadas por graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno.
La Ley N.° 32107 tuvo como uno de sus principales impulsores al congresista Fernando Rospigliosi. Durante el debate parlamentario, el legislador defendió la propuesta y sostuvo que era necesario establecer criterios más precisos para el juzgamiento de hechos ocurridos décadas atrás. La iniciativa recibió el respaldo de bancadas conservadoras y de sectores que cuestionaban los procesos abiertos por casos vinculados a la época del terrorismo.
Tras la aprobación de la norma, Rospigliosi rechazó las críticas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Diversos especialistas, en cambio, alertaron que la ley podía afectar investigaciones y procesos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, al modificar criterios que la justicia peruana había aplicado durante años en este tipo de casos.
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La investigación se centra en el uso del denominado control difuso, una facultad que permite a los jueces dejar de aplicar una norma cuando consideran que contradice la Constitución o compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
Precisamente, una de las resoluciones observadas por la JNJ corresponde a la decisión de Concepción Carhuancho de no aplicar la ley impulsada por Fernando Rospigliosi. El magistrado consideró que existían disposiciones constitucionales y obligaciones internacionales que debían prevalecer al momento de resolver el caso sometido a su despacho.
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Según la JNJ, cuando un magistrado adopta una decisión de este tipo, debe remitirla para que sea revisada por la Corte Suprema. El organismo sostiene que este mecanismo busca mantener criterios uniformes dentro del Poder Judicial y evitar interpretaciones contradictorias entre distintos juzgados.
Para la entidad, la ausencia de esa revisión podría constituir una falta disciplinaria grave. Por ese motivo, decidió abrir un procedimiento que permita determinar si el juez actuó conforme a la legislación vigente o si incumplió una obligación establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Durante las actuaciones preliminares, Concepción Carhuancho sostuvo que las resoluciones observadas no requerían el trámite cuestionado por la JNJ. Asimismo, su defensa argumentó que algunas de ellas ya habían sido revisadas mediante recursos presentados por las partes involucradas.
El pleno del organismo decidió continuar con la investigación al considerar que esos argumentos deben ser evaluados con mayor profundidad dentro del proceso disciplinario. La resolución no establece una sanción inmediata ni adelanta una conclusión definitiva sobre la responsabilidad del juez.
Con la apertura formal del caso, el magistrado deberá presentar sus descargos dentro del plazo establecido. Posteriormente, se desarrollarán las siguientes etapas del proceso antes de que la JNJ emita una decisión final.





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