Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

El asesinato de Iroshi Erick Ureta Campos (44), alcalde del distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín, es una expresión de la forma en que grupos criminales del país arremeten contra los funcionarios públicos que no pueden ser sobornados y que han censurado la actitud del gobierno, describiéndola como displicente, poco seria, hasta irresponsable.

Y es que, muchos de los alcaldes y alcaldesas, así como otros funcionarios ediles, viven con la incertidumbre de no saber “quién será el próximo” en ser asesinado por el crimen organizado, advirtió el burgomaestre de Pataz, Aldo Carlos Mariños, tras las amenazas de muerte que ha venido recibiendo desde el año pasado.

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A su juicio, el asesinato de Edward Alberto Amoroto Ramos (52), alcalde del distrito de Los Aquijes (Ica) y ahora el de Iroshi Ureta, han marcado un antes y un después en la forma en la que realizan sus actividades públicas, pues considera que ese trabajo los hace “más vulnerables” a ser víctimas de estos crímenes.

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“Tenemos que reforzar la seguridad porque no sabemos quién es el próximo, no sabemos a qué responde”, aseguró Aldo Carlos Mariños.

“La situación del país es crítica y nadie quiere perder la vida de esa manera”, añadió.

Las amenazas han sido una constante. El 30 de setiembre del año pasado, desconocidos dejaron un arreglo floral en la vivienda de Fernando Velazco, alcalde distrital de Chorrillos. Había también un mensaje que advertía la posibilidad de una explosión.

El burgomaestre de La Molina, Diego Uceda, también ha manifestado que en reiteradas ocasiones fue amenazado de muerte por presuntos traficantes de terrenos que delinquen en su jurisdicción.

Mientras que, los alcaldes de San Martín de Porres y Santa Rosa, coincidieron en que el país necesita un cambio real en las políticas de seguridad. Mientras Hernán Sifuentes proponía fortalecer la inteligencia policial, George Robles planteaba incluso la pena de muerte y el retiro de la Corte IDH.

Ambos coincidieron en la urgencia de reformar las estrategias actuales y en la necesidad de un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.

El jueves, decenas de alcaldes de distintas regiones del país llegaron hasta las inmediaciones de Palacio de Gobierno para protestar por las obras paralizadas en sus distritos. Según indicaron, existen más de 2.700 proyectos detenidos, muchos de ellos relacionados con agua, saneamiento, colegios y carreteras.

Los burgomaestres, encabezados por Herminio Vázquez, presidente de la Asociación de Alcaldes Locales y Rurales del Perú, señalaron que no buscan más reuniones protocolares, sino soluciones concretas. Según afirmaron, necesitan la transferencia urgente de recursos para culminar obras básicas que afectan directamente a la población y que se sienten amenazados por la no ejecución.

EL CRIMEN DE IROSHI URETA

Precisamente, a violencia golpeó el jueves a la región Junín. El alcalde Coviriali,  Iroshi Ureta Campos, recibió dos disparos cuando se dirigía a la sede municipal para continuar con sus labores. El burgomaestre murió cuando era evacuado a Lima en un avión Hércules, según confirmó la doctora Leslie Romero en el Grupo Aéreo N° 8.

El atentado ocurrió la mañana del jueves, a la altura del recreo El Zúñiga, en el sector de Bellavista, en Coviriali. De acuerdo con las investigaciones iniciales, dos sujetos con cascos rojos, que se desplazaban en una motocicleta, interceptaron al alcalde y abrieron fuego.

Mortalmente herido, el burgomaestre fue trasladado al hospital Manuel Higa Arakaki, en Satipo. Tras ser estabilizado se dispuso su evacuación a Lima. El desenlace fue fatal.

Sobre las posibles causas del homicidio calificado, la Policía indicó que el alcalde no había presentado denuncias previas por extorsión, aunque no descartan que el crimen esté relacionado a un tema de índole personal, relacionado con una mujer, pues ya había recibido amenazas para que se alejara de la misma. Su teléfono celular, que ya está en poder de las autoridades, será clave para esclarecer el asesinato.

“El móvil está en investigación. Vamos a esclarecer estos hechos. Los asesinos serían extranjeros”, indicó un oficial.

Entre tanto, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo (Segundo Despacho), inició investigación preliminar y dispuso diversas diligencias urgentes e inaplazables como la toma de declaraciones de testigos del suceso, visualización de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona, entre otras actividades.

La población de Coviriali enfrenta un escenario de incertidumbre y dolor tras la pérdida de su máxima autoridad municipal en un hecho que vuelve a poner en debate la seguridad de las autoridades locales en el país.

SILENCIARON A EDWARD AMOROTO

Al asesinato de Ureta le antecedió el homicidio de Edward Alberto Amoroto Ramos (52), alcalde del distrito de Los Aquijes (Ica). El 31 de enero había sido víctima de un ataque armado, pero luego de 21 días de luchar por su vida en un hospital, falleció.

Ese día, su hijo Stephano Amoroto advirtió a los responsables: "Tarde o temprano caerán. Tu legado recién empieza, papá", escribió en sus redes sociales.

El día delo crimen, Amoroto Ramos cumplía funciones oficiales, supervisando el avance de obras públicas en el sector conocido como El Huarangal.

De pronto fue emboscado por dos sicarios a bordo de una motocicleta. Uno de los delincuentes abrió fuego a corta distancia y lo dejó mortalmente herido.

Pese a las múltiples operaciones y al esfuerzo médico falleció tras 21 días de lucha.

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Algunos alcaldes, como Aldo Carlos Mariños, consideran que ha habido “una despreocupación” por parte del Gobierno y criticaron que cuando se trata de otras autoridades o candidatos ven “contingentes de seguridad de hasta ocho personas”.

ELIMINARON A UNA REGIDORA

Recordaron que el 18 de diciembre del 2025 la regidora del distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad, Elena Rojas Alcalde, fue asesinada a tiros mientras participaba en una chocolatada navideña en su distrito.

El crimen ocurrió en presencia de niños, en un contexto marcado por amenazas previas, un atentado con explosivos en 2024 y una labor de fiscalización que la enfrentó con autoridades y funcionarios municipales.

En la región La Libertada cargo del gobernador César Acuña, algunas autoridades locales y dirigentes sociales vienen siendo blanco de ataques criminales.

El alcalde de Pataz señaló que cree que estos asesinatos perpetrados por “grupos con intereses” son parte de una estrategia para “instaurar el temor” en la población. “Es una forma de decir: si al alcalde le hicimos esto, a cualquier otra persona podemos hacerle esto o más”, explicó.

TRES ALCALDES AMENAZADOS

Aldo Carlos Mariños confirmó a La República que ha sido víctima de amenazas extorsivas de la organización criminal ‘Los Pulpos’.  

Aseguró que así se auto identifican los presuntos delincuentes quienes le han enviado mensajes a su celular, incluso con videos de armas de fuego y fotos de su familia con amenazas de muerte.

El alcalde dice que le exigen el pago de 50 mil soles para que atenten contra su familia. 

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Lo es la primera vez. Ya en octubre delo año pasado le habían pedido S/ 200.000 para no asesinarlo.

También el alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua, ha denunciado ser víctima de extorsión luego de recibir amenazas directas a través del celular de su hijo de apenas ocho años. 

En los mensajes, los presuntos delincuentes le exigen el pago de 300 mil soles, relacionada con una obra ejecutada durante la administración municipal anterior.

“Si no pagas, te voy a cazar”, le advirtieron. La denuncia ya está formalizada ante la Policía Nacional donde también ha solicitado garantías para su seguridad y la de sus allegados.

Catalina Vega, gerente municipal, explicó que las amenazas estarían vinculadas a reclamos por pagos pendientes de una obra pública realizada en la gestión anterior, situación que ahora es utilizada como mecanismo de presión.

Carlos Huayhua declaró que no cederá ante las presiones de bandas criminales que pretenden lucrar con los proyectos de desarrollo en su jurisdicción.

Otro de los alcaldes amenazados es el del distrito de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado.

Él manifestó que su vida corre riesgo tras recibir mensajes y videos amenazantes en su hogar y en la municipalidad.

 “Todo empezó cuando clausuramos un prostíbulo en la av. Gran Chimú. Los delincuentes amenazaron al personal de serenazgo, fiscalización, funcionarios y hasta que me tocó. Dejaron dos proyectiles en mi vivienda”, indicó el burgomaestre.

Además, mencionó que cuenta con información extraoficial de que estarían juntando 30 mil soles para matarlo, esto luego de recibir un mensaje por parte de ‘Los malditos de Huáscar’. “Me han enviado un video con balas que indican que son para mí”, detalló.

TASA DE HOMICIDIOS ES ALTA

El auge de la violencia criminal ha convertido a Perú en el país con una de las tasas más alta de homicidios.

Durante la gestión de Pedro Castillo hubo 2.091 asesinatos con un promedio diario de 4.22, mientras que, en el gobierno de Dina Boluarte la cifra se elevó a 5.450 homicidios con un promedio diario de 5.25; sin embargo, en el período de José Jerí se registraron 722 homicidios con un promedio de 5.69. La cifra diaria más alta de los últimos gobiernos.