
Ante el escándalo de presuntas irregularidades en el uso de los S/80 millones de fondos públicos que han recibido 38 organizaciones para que contraten espacios en los medios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que son los partidos políticos los que deben responder por el destino del dinero. Pero la declaración no es suficiente para explicar lo sucedido.
“Los partidos han seleccionado los espacios donde se emitirán sus spots, dependiendo de los públicos a los que quieren llegar y de sus estrategias comunicativas. Son ellos los responsables tanto de la selección de los espacios como de la producción de los spots que serán emitidos”, señaló ONPE, zafándose del tema.
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El caso estalló cuando se reveló que el partido Primero la Gente adjudicó el 24% del presupuesto que la ONPE le asignó (S/416 mil) al canal Nativa TV, empresa con la que estuvo vinculado Miguel del Castillo. El presunto conflicto de intereses quedó en evidencia al confirmarse que Del Castillo, candidato a diputado número uno del mencionado colectivo político, intervino en la contratación. El vicepresidente de Primero la Gente, Manuel Ato Carrera, declaró que Miguel del Castillo sí participó en la contratación de Nativa TV, cuya razón social es Abra Producciones SAC.
Del Castillo le dio otra versión a La República: “Fue una decisión política del Comité de Comunicaciones de la que yo formé parte y fue la que ejecutó la asignación de la franja, (se) tomó la decisión en (base a) las facultades que tenía. No creo haber traicionado la confianza (del partido)”.
El incidente expuso la necesidad de precisar las responsabilidades y la rendición de cuentas sobre el destino de los fondos asignados a financiar el acceso de los partidos a los medios y a las redes sociales. No fue el único caso.
Listado. La ONPE afirma que los partidos son los responsables de los contratos. Foto: difusión
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El candidato presidencial de País para Todos (PPT), Carlos Álvarez, al enterarse que el 38% (S/642 mil) de la asignación para su agrupación también se dirigió a Nativa TV, declaró que no había intervenido en la distribución de los fondos y amenazó con renunciar a la postulación si es que la dirigencia no daba una explicación satisfactoria.
Poco después, PPT informó que “ha quedado absolutamente claro y de forma categórica que no ha existido ningún beneficio indebido ni acto de corrupción. Lo ocurrido responde a un escenario de inexperiencia en la distribución estratégica de la franja electoral, propio de un partido nuevo que no cuenta con especialistas ni con agencias de medios”. A continuación, PPT renunció al uso de la franja electoral. Álvarez sigue en carrera.
Otro episodio llamativo lo protagoniza el partido Fuerza y Libertad, cuya candidata presidencial es Fiorella Molinelli. La agrupación adjudicó el 100% de los fondos (S/1.698.899) a la empresa Video Films SAC., que maneja Sol TV, con presencia en el norte del país. La organización justificó la decisión, precisando que Molinelli no había tenido participación.
“La priorización territorial respondió a criterios objetivos de eficiencia de alcance y concentración demográfica. Las regiones del norte como Trujillo, Piura, Chiclayo y Cajamarca agrupan algunos de los principales centros urbanos después de Lima”, indicó el partido en un comunicado.
La ley no impide que un partido decida invertir todos los fondos en un solo medio.
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Por su parte, el Partido Político PRIN, que postula a Walter Chirinos Purizaga, ha reportado haber invertido el 53% (S/906.063) de los fondos también a Sol TV. Chirinos reconoció que hubo un error y que hará los reajustes, conforme a las normas, y descartó irregularidades.
También ha despertado interés el caso de Alianza para el Progreso (APP) que ha dirigido S/349.882 a la empresa Cosmo Televisión. El candidato Jair Ramíreznegó que el medio pertenezca a la familia Acuña, pero en Registros Público aparece otra historia. Si bien en el 2016 los fundadores Anthony Alfaro Acuña, Christian Alfaro Acuña y Juan Carlos Alfaro Acuña dejaron el directorio, no existe ningún documento que indique la renuncia a la propiedad o el traspaso de las acciones a terceros.
Los incidentes mencionados reflejan la opacidad en el uso de los fondos asignados a los partidos políticos para contratar espacios en los medios.
“Cuando se amplió el uso de la franja electoral a los medios digitales, no se reguló a los intermediarios, ni se establecieron mecanismos de transparencia. En el caso de Nativa TV, se evidencian esos vacíos legales. La ley no prohíbe que dirigentes (de los partidos) asignen fondos a sus propios medios, ni regula las comisiones de intermediarios”, explicó el especialista en derecho electoral, Kevin Advincula Medrano.
El exjefe de la ONPE y politólogo Fernando Tuesta Soldevilla manifestó que circulan versiones falsas sobre el financiamiento público indirecto de la franja electoral y que se trata de un sistema habilitado desde hace 25 años.
“La franja electoral es el acceso que tienen los partidos a los medios de comunicación. Se implantó en el año 2001 bajo ese formato. Luego, el Congreso en el periodo 2001-2005 la incorporó a la Ley de Partidos Políticos, hoy llamada Ley de Organizaciones Políticas, que estableció la distribución del tiempo para cada partido. Así sucedió para las elecciones del 2006, 2011, 2016”, precisó.
“El 8 de diciembre de 2018, bajo el referéndum, se mantuvo esta forma de financiamiento público indirecto, pero se consideró como la única forma de acceder a los medios de comunicación. Los partidos no podían, como había sucedido antes, comprar espacios fuera de esta forma de acceso. Como consecuencia del cambio de la Constitución, el Congreso del periodo 2016-2020 modificó la ley de organizaciones políticas, que es como opera ahora. De modo que el financiamiento indirecto viene operando desde hace un cuarto de siglo”, precisó.
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Para que no se repitan los casos que ahora son materia de investigación de la Fiscalía de la Nación, el experto en derecho electoral, Kevin Advíncula Medrano, plantea cambios fundamentales en las normas relacionadas con el uso de los fondos públicos destinados a los partidos políticos en campaña.
“El nuevo Congreso (2026-2031) tendría que hacer una reforma en profundidad. Por ejemplo, prohibir la asignación a medios vinculados a dirigentes o candidatos, para que no exista conflicto de intereses. También debe regular a los intermediarios y sus comisiones, porque eso tampoco está previsto en la ley electoral. No está, por ejemplo, la supervisión previa de la ONPE”, resaltó Advíncula.
La República consultó con la ONPE sobre el caso que generó el escándalo sobre la farra de la asignación de fondos para la franja electoral. La entidad reconoció que no está habilitada para verificar con qué medios contrata un partido político.
“La ONPE no fiscaliza la selección de los medios de comunicación y medios digitales que eligen las organizaciones políticas, dado que la Ley los faculta a elegir en función a su preferencia y adjudicación económica. Dicha selección es efectuada de manera directa por cada organización política, por intermedio de la persona debidamente acreditada por su personero legal”.
La trampa está en la ley.
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