
El último 31 de diciembre se realizó el allanamiento de seis inmuebles, como parte de la investigación del asesinato del abogado y candidato a diputado de Juntos por el Perú, Percy Ipanaqué. El pedido fue solicitado por la Dirincri a la Fiscalía y autorizado por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, David Arly Sosa Zapata.
Las viviendas allanadas pertenecen al entorno cercano de Ipanaqué Navarro, quien falleció el último 28 de noviembre en Piura cuando fue atacado a disparos por un sicario a bordo de una motocicleta.
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Los testigos contra quienes se solicitó los allanamientos son Nancy Linares Carrión, quien según la PNP sería la pareja de Ipanaqué; Hugo Linares Carrión y Arnaldo Linares Curo, cuñado y suegro de la víctima respectivamente. Además, se solicitó el allanamiento de los domicilios de Luis Antonio More Zapata, Roberto Mendoza Cadillo y Wilser García López, personas del entorno laboral y amical del fallecido.
Los fundamentos de la Dirincri para solicitar los allanamientos fueron los testimonios de dos trabajadores que vivían en el domicilio de Ipanaqué, quienes indicaron que tras el asesinato, el referido grupo de personas llegó al lugar y supuestamente se llevaron la laptop, tablet y 6 USB de propiedad del occiso.
Además, según consta en el documento de la Dirincri, ambos trabajadores indicaron que Nancy Linares les habría presuntamente ordenado retirar dos cámaras de seguridad ubicadas en la puerta principal y sala de trabajo, respectivamente.
En su declaración, según la Dirincri, Nancy Linares no precisó que se había dirigido al domicilio de Percy Ipanaqué con el grupo de personas señalado por los trabajadores.
En tanto su hermano, Hugo Linares, indicó que tanto su hermana, su padre y el abogado Roberto Mendoza sí acudieron al domicilio del fallecido, pero únicamente para recoger la vestimenta para que este sea vestido en la morgue.
Arnaldo Linares y Roberto Mendoza no prestaron su declaración aún, pero han solicitado que sea reprogramada. Nancy Linares, Hugo Linares y Luis More, indicaron que ingresaron al domicilio únicamente para recoger ropa para el fallecido.
En diálogo con La República, el representante legal de Percy Ipanaqué, Julio Huertas, mencionó que se trata de pesquisas preliminares y que ninguno de los antes mencionados está incluido como imputado en la investigación, sino que son únicamente testigos a quienes se solicitó su declaración. Asimismo, manifestó que no puede afirmar ni negar que los referidos hayan cogido los equipos mencionados por los dos trabajadores.
"Los informes policiales no son afirmaciones ni acusaciones", resaltó.
Añadió que los equipos han sido ubicados en los allanamientos, pero corresponde a la PNP indicar públicamente en qué domicilio se hallaron.
"Debo precisar que la señora Nancy como pareja del doctor Ipanaqué, naturalmente, tiene todo el derecho de poner a buen recaudo sus cosas. En el supuesto escenario de que se pruebe que ella tomó las cosas, no significa obstaculización. Tiene todo el derecho de tomarlas, pues estas tienen importancia material o sentimental tanto para ella como para el futuro de sus hijos", anotó.
Respecto al vínculo que había entre Nancy Linares y Percy Ipanaqué, el abogado indicó que eran pareja. Al ser consultado por la declaración del padre del fallecido, quien indica que llevaban separados varios años, el abogado solicitó no caer en "conjeturas" y no "poner en contradicciones a las personas" porque eso no ayuda a lograr el objetivo principal de la investigación que es identificar al sicario.
Por otro lado, el abogado resaltó que el celular de su cliente no logró ser prendido, pese a que al momento del crimen este se encontraba en el lado del copiloto, por lo que no recibió ningún daño. Asimismo, mencionó que inicialmente no tenía ninguna marca de sangre, sin embargo, ahora sí.
"Nadie se ha opuesto a los allanamientos. Todo marcha conforme a lo solicitado. Exigimos que la investigación sea imparcial, pues ya hay una persona sospechosa, pero no se estaría incluyendo, pese a que muestra disponibilidad de participar de las diligencias", dijo. Al ser consultado por la identidad de esa persona, indicó que el nombre se guardará en reserva por respeto al principio de presunción de inocencia.
Por su parte, el abogado de Roberto Mendoza, Juan Pizarro, resaltó que no se incautó ni halló nada vinculado al fallecido en el allanamiento al domicilio de su cliente. "Nosotros permitimos que revisen todos los equipos de mi cliente el mismo día del allanamiento y no se halló nada", dijo.
Mencionó que su cliente y la señora Nancy Linares fueron a la vivienda del fallecido para retirar un terno para la víctima. "Desconozco si se presentaron junto a más personas", expresó.
"La Fiscalía hasta el momento no ha citado a mi patrocinado en calidad de investigado ni imputado, simplemente es un testigo más. Testigo de cualquier acto menos del asesinato de Ipanaqué. Independientemente de ello, nosotros ya hemos presentado un pedido para que se tome su declaración porque estamos prestos a ayudar a que se identifique al culpable", mencionó.
Referente al caso, alertó ciertas irregularidades: "Se dice que el celular de Ipanaqué se encontró con manchas de sangre, pese a que el equipo estaba en la mano derecha y los disparos fueron recibidos en el lado izquierdo. Considero que hay un manejo muy irregular de los medios de prueba en esta investigación. Que la PNP explique por qué ese celular aparece manchado de sangre", anotó.
"Hace falta una investigación seria. Al parecer se estaría utilizando la muerte de mi amigo Percy para distraer la atención y usarlo de cortina de humo. Hasta han mencionado a la Universidad Nacional de Piura que no tiene nada que ver. En Castilla, lamentablemente se tiene en el juez David Sosa un juez temeroso que cuida más su sillón y su sueldo que en hacer justicia porque esa resolución (de allanamiento) ni siquiera está debidamente fundamentada", expresó.
Insistió en que en la resolución judicial no se tienen fundamentos objetivos y no se habría realizado el filtro necesario para determinar si era necesaria o no la medida de allanamiento.
En ese mismo sentido, agregó que en Piura "la Policía se ha dedicado últimamente a sembrar imputados con lo que prácticamente tenemos una fabrica de criminales. Yo mismo he demostrado que eso ha pasado en ciertos casos", dijo.
Por otro lado, Julio Huertas, defensa de Ipanaqué, sostuvo en entrevista a Correo, que la Universidad Nacional de Piura debería ser allanada e intervenida para encontrar posibles evidencias sobre las causas de la muerte de su patrocinado. Esto a raíz de que Ipanaqué fue abogado del docente José Ordinola Boyer en el proceso de elecciones para director de la referida casa de estudios.
En ese marco, a través de su cuenta de Facebook en octubre del 2025, Ipanaqué denunció que la jueza Tania Castillo, titular del Juzgado Civil de Castilla, habría incurrido en presunto prevaricato, tras emitir la Resolución Judicial N.º 35, del 3 de septiembre de 2025, dentro del proceso seguido contra Javier Sánchez Marchena. En el documento, la jueza se refiere a Ordinola Boyer como “rector” de la UNP, pese a que —según el abogado— no existe una sentencia firme ni una designación oficial del Comité Electoral Universitario que lo reconozca como tal.
“El proceso aún no se resuelve y ya se adelantó opinión al llamarlo rector. Días después emitió una medida cautelar sobre el mismo tema, lo que pone en duda su imparcialidad”, sostuvo.

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