
El Poder Judicial rechazó la solicitud de variación de prisión preventiva planteada por la defensa de Vladimir Cerrón y dispuso que el líder de Perú Libre continúe afrontando el proceso desde la clandestinidad. Según la resolución que fue emitida este 4 de diciembre por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, no se ha acreditado ningún cambio que permita reemplazar la prisión preventiva por una medida menos estricta.
El juez recordó que la prisión preventiva vigente es de 24 meses, plazo que fue fijado en enero de 2024 por una sala superior luego de confirmar la medida y ajustar el periodo original de 36 meses. Esa prisión preventiva sigue corriendo mientras Cerrón permanece no habido.
"Declarar infundada la solicitud de variación de la prisión preventiva, formulada por la defensa del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas; en la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos organización criminal y lavado de activos, en agravio del Estado", se lee en el documento.
Resolución PJ.
El juez Leodán Cristóbal Ayala fue el que sostuvo que los elementos presentados por la defensa no tienen la capacidad de revertir el estándar de sospecha grave del 2022, cuando el tribunal evaluó 109 elementos de convicción que vinculan a Cerrón con presuntos actos de lavado de activos relacionados con la adquisición del local partidario de Perú Libre, el manejo de fondos de origen no justificado y movimientos financieros significativos.
El juzgado también rechazó el argumento de la defensa sobre una supuesta “cosa juzgada”. Explicó que los otros casos en los que Cerrón fue absuelto o archivado se refieren a hechos diferentes, por lo que no sirven para cambiar este proceso. Además, el juez recordó que el exgobernador sigue en condición de no habido, lo que, según menciona, quiere decir que evita a la justicia por lo que el riesgo de fuga está vigente.
De esta manera, el Poder Judicial ratificó la prisión preventiva que pesa sobre Cerrón por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, dentro del caso que investiga las finanzas del partido Perú Libre y el presunto uso de recursos ilícitos provenientes de estructuras de corrupción en Junín.
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La investigación fiscal sostiene que Vladimir Cerrón habría recibido y movido dinero de origen ilícito a través de operaciones vinculadas al partido Perú Libre y a su entorno cercano. Según el Ministerio Público, estos fondos provendrían de actos de corrupción cometidos dentro del Gobierno Regional de Junín durante la gestión de Cerrón, y luego habrían sido canalizados mediante aportes partidarios, transferencias bancarias, compra de inmuebles y otros movimientos financieros.
El Poder Judicial considera que entre los hechos más importantes están la compra del local partidario de Perú Libre por 200 mil dólares, depósitos y transferencias bancarias por montos que no tendrían sustento en los ingresos declarados, un desbalance patrimonial que la Fiscalía ubica en más de 6 millones de soles; y operaciones específicas como el abono de más de 879 mil soles desde una de sus cuentas y la recepción de dinero proveniente de una cuenta mancomunada de Dina Boluarte y Braulio Grajeda.

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