
El Poder Judicial evalúa hoy, lunes 24 de noviembre el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidenta Dina Boluarte. La Sala Penal Permanente de Corte Suprema revisa la apelación presentada por la Fiscalía, en el marco de las investigaciones por el caso Cirugías por el presunto delito de negociación incompatible.
La audiencia está programada para las 9 de la mañana y se realizará de manera virtual en la que ambas partes, Fiscalía y defensa, deberán participar y mostrar sus alegatos.
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En octubre pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó la solicitud del Ministerio Público debido a que, según determinó, no existían fundamentos suficientes para restringir el derecho al libre tránsito de la mandataria.
La resolución indicó que la Fiscalía no demostró que Boluarte represente un riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia. Según el juez, los argumentos del Ministerio Público sobre presuntos lazos económicos y familiares en el extranjero fueron insuficientes y carecieron de fundamento. Además, no se pudo probar que la medida cautelar fuera necesaria o proporcional en esta fase de la investigación.
De acuerdo con la tesis fiscal, durante la audiencia de evaluación en octubre de este año, se expuso tres incidentes relacionados con presuntos actos de interés indebido. Primero, sostuvo el Ministerio Público, la designación de María Elena Aguilar del Águila, excolaboradora del cirujano Cabani, como presidenta ejecutiva de EsSalud en octubre de 2023. Segundo, la contratación de Natalie Román como subgerente de Promoción Social, poco después de que Cabani, supuestamente, solicitara el puesto mediante la secretaría de Palacio.
Y el tercer hecho vinculado a un presunto pago de más de S/196.000 a favor de un médico, quien también habría participado en las cirugía de Boluarte.
Según la Fiscalía, la entonces presidenta habría intervenido para acelerar la liquidación de los haberes del médico en la red Rebagliati. Estos hechos, de acuerdo con el Ministerio Público, constituían un patrón de favorecimiento y posible negociación incompatible.
No obstante, el abogado de la expresidenta aseguró que el impedimento de salida del país cacería de base legal y que tendría un motivación política.
“No existe riesgo de fuga ni obstaculización, solo una intención de generar titulares”, dijo.

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