
Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se pronunció luego del allanamiento que realizó la Fiscalía en su domicilio de San Borja en el marco de las investigaciones por presunto favorecimiento a la minería El Dorado. En diálogo con la prensa, este miércoles 27 de agosto, Nicanor atacó al Ministerio Público y calificó las diligencias como "un abuso de poder".
"Esto es una evidencia de abuso de poder la Fiscalía como institución. En este caso, yo no soy parte del proceso y no tengo ninguna imputación. A pesar de ello, han allanado mi casa sin ninguna explicación. Otra vez comprobamos con la Fiscalía, sale a pesar a ver que encuentra para armar un muñeco y perturbarle la vida a un ciudadano que solo tiene la condición de ser hermano de la presidenta de la República (...) Ya estoy cansado de esta persecución", dijo Nicanor Boluarte a pesar de que también es investigado por el caso Los Waykis en la Sombra.
Por otra parte, al ser consultado por la tesis fiscal que lo vinculan por un presunto favorecimiento para sustentar un arraigo laboral y asi evitar la prisión preventiva por el caso Los Waykis en la Sombra, Boluarte señaló que hace "ejercicio" de su profesión como abogado y cuenta con "expedientes absolutamente privados".
"Yo tengo arraigo laboral desde hace muchos años y no necesito de nadie", mencionó y descartó conocer al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, también investigado por el mismo caso. Luego, acotó: "No sé nada ni conozco la mina El Dorado, nunca he hablado nada de ninguna mina. Como abogado y como especialista he tenido que renunciar muchas veces desde que asumió el señor Pedro Castillo como presidente".
Dina Boluarte intentó asegurar un arraigo laboral para su hermano mediante la intervención de un "hombre clave": Juan José Santiváñez. De acuerdo con la acusación fiscal, el actual ministro de Justicia tenía la responsabilidad de localizar una institución que pudiera certificar que Nicanor Boluarte estaba trabajando allí, con el objetivo de prevenir un posible pedido de prisión preventiva en su contra. Para lograr esto, Santiváñez supuestamente habría movilizado la red delictiva que se cree que lidera.
Este requerimiento habría sido resuelto de manera inmediata a través de la empresa minera El Dorado, que la Fiscalía ha identificado como parte de la red de corrupción vinculada al ministro. Según la investigación, el empresario Franco Parodi Gianella habría pedido la intervención del entonces ministro del Interior para que organizara un operativo policial que le permitiera recuperar la compañía. A cambio, Santiváñez habría solicitado 160.000 dólares y que Nicanor pudiera demostrar un vínculo laboral con la empresa de Parodi Gianella.
El hermano de la presidenta requería ese vínculo laboral para hacer frente a las solicitudes de prisión preventiva formuladas por el Ministerio Público. No obstante, a finales de 2024, el Poder Judicial impuso una medida de prisión preventiva de 36 meses en su contra en el contexto del caso Los Waykis en la Sombra, donde se le acusa de liderar una organización criminal encargada de nombrar prefectos y subprefectos de manera irregular. Tras esta resolución, Nicanor estuvo dos meses en la clandestinidad.

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