
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) admitió a trámite el pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos Patio, quien asumió el cargo pese a la denuncia de violencia familiar en su contra, en una audiencia realizada de forma reservada el 19 de agosto. A través de un comunicado, la JNJ señaló que, de acuerdo con el artículo 22 de su reglamento, notificará a Ríos Patio para que en un plazo de cinco días hábiles presente su posición y las pruebas que considere pertinentes.
Comunicado de la JNJ sobre el caso Gino Ríos. Foto: JNJ
Tanto el exministro del Interior Gino Costa como la abogada de IDL Cruz Silva cuestionaron que la audiencia no haya sido pública. "Pueden pedir (que sea reservada) por excepción, pero este no es el caso", precisó Silva para este medio.
Tras el destape de la sentencia por violencia familiar, a inicios de agosto, desde el Congreso se presentaron un total de tres pedidos de vacancia correspondientes a los parlamentarios Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña. Los tres oficios estuvieron dirigidos a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera.
Los legisladores sustentaron sus pedidos citando el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Junta, en el cual se determina que "si uno de sus miembros se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 11, la Junta Nacional de Justicia procede a su separación por vacancia, bajo la responsabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de conformidad con lo previsto en el Título VI de la presente ley".
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Al respecto la abogada especialista en temas de magistratura y miembro de IDL, Cruz Silva, se refirió a la solicitud de vacancia presentada por el Congreso y exhortó a no solo buscar ello, sino también iniciar una investigación al Comité que permitió la elección de Gino Ríos como presidente de la JNJ.
"Eso no es suficiente. Lo que debieran hacer los congresistas es denunciar constitucionalmente primero a Javier Arévalo Vela (expresidente del Poder Judicial), quien fue el que entrevistó a Gino Ríos. Se debería averiguar si, en ese momento, Arévalo no daba información real sobre los antecedentes de los postulantes. También se debería denunciar constitucionalmente al propio defensor del Pueblo, que es quien dirige el proceso de selección", explicó a La República.
En ese sentido, resaltó que el problema base es la falta de rendición de cuentas a los integrantes de esa Comisión Especial de Selección de la Junta, teniendo en cuenta que, contando la separación de Rafael Ruiz, con lo de Ríos ya serían dos sentencias que fueron obviadas por la Comisión. "Esto (la situación de Gino Ríos) evidenciaría de que el proceso de selección estuvo bastante mal, que debió repetirse", dijo.
"Recordemos que esta Junta ya ha dado varios casos, varios escándalos, que evidencia que son un riesgo para la independencia del sistema de justicia. Entonces, es un tema que incluye muchas aristas y la verdad que sería un problema, algo muy grave y muy limitado, que solamente se focalice en la vacancia de Gino Ríos, y que se deje sin sanción a quienes lo permitieron", agregó.

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