
El último 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso que favorece a los policías y militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Sin embargo, a pesar de que la Corte IDH le ordenó a la mandataria frenar con el proceso de promulgación de la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Boluarte llevó a cabo este acto en Palacio de Gobierno. Pese a ello, hoy 14 de agosto oficializó la norma en El Peruano.
En detalle, el Proyecto de Ley N° 7549 establece brindar amnistía -o impunidad como lo califican diversas organizaciones- a los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos. Asimismo, la ley concede la misma disposición y libertad para los adultos mayores de 70 años por "carácter humanitario".
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En una resolución del 24 de julio de la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, sustentó su decisión en los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en aras de la búsqueda de la justicia y también exhortó a los jueces a no aplicar esta norma que caso sea promulgada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recalcó que la finalidad de la suspensión de la normal sería hasta que la Corte IDH analice la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evaluar el impacto en la casos La Cantuta y Barrios Altos. Precisamente, en la resolución de la jefa del ente internacional se recordó que el Estado peruano atentó contra los derechos de ciudadanos de manera extrajudicial.
Durante la promulgación de la norma en Palacio de Gobierno, estuvieron presentes los congresistas José Cueto (Honor y Democracia), Jorge Montoya (Honor y Democracia), José Williams Zapata (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular), esta última hermana de María Elena, quien fue asesinada por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Además, estuvo presente el fujimorista Fernando Rospigliosi, expresidente de la Comisión de Constitución del Congreso que aprobó el dictamen de la ley de impunidad.
Resolución de la Corte IDH sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta
A través de sus redes sociales oficiales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó la Ley de Amnistía promulgada por el Gobierno. "Esta norma, propia de regímenes autoritarios, premia con impunidad a responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, dejando a las víctimas y a sus familias sin verdad ni justicia".
"Lejos de acatar estas disposiciones (de la Corte IDH), el Gobierno y el Congreso han impulsado acciones para debilitar la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluso promoviendo la salida del Perú de su jurisdicción", acotó.
Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
El caso Barrios Altos. El 3 de noviembre de 1991, un grupo de seis sujetos encapuchados y armados, pertenecientes al Grupo Colina, entraron de manera violenta en una vivienda del distrito de Barrios Altos, en Lima, donde se estaba llevando a cabo una pollada. Los atacantes ordenaron a los presentes que se tiraran al suelo y comenzaron a dispararles sin compasión, argumentando que estaban relacionados con actividades terroristas. En total, 15 personas perdieron la vida en el ataque, entre ellas un niño de apenas 8 años, Javier Ríos Rojas.
Meses más tarde, el 18 de julio de 1992, un docente y sus nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, conocida como 'La Cantuta', fueron secuestrados y luego desaparecidos. Un año después, sus cuerpos fueron hallados en fosas comunes.
Estos crímenes de lesa humanidad ocurrieron durante la dictadura de Alberto Fujimori, casos por los que el exdictador fue sentenciado a 25 años por autor mediato; es decir, por tener conocimiento sobre los hechos ocurridos.
Durante la promulgación de la ley de amnistía, el exmiembro del Grupo Colina, Juan Rivera Lazo, estuvo presente en Palacio de Gobierno. Se pudo captar que Juan Rivera Lazo, excarcelado en 2024, saludó a la presidenta Boluarte.
Como se recuerda, el Grupo Colina funcionó durante la dictadura de Fujimori, en las que sus principales funciones eran cometer ejecuciones extrajudiciales.
Juan Rivera Lazo estuvo presente en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia.
El 31 de julio, la presidenta Boluarte atacó a la Corte IDH y, desde ya, anunciaba que no tendría en cuenta las observaciones del máximo órgano de interpretación de los derechos humanos. Es más, en ese entonces, la mandataria arremetió contra la Corte IDH y rechazó su intervención en la Ley de Amnistía.
"El Perú es libre e independiente, con soberanía autónoma. (…) No permitiremos la intervención de la CIDH, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon, arriesgando su vida, contra la insania del terrorismo. (…) No lo vamos a permitir", mencionó.

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