Más de 50 defensores ambientales en Perú fueron asesinados en la última década

En los últimos diez años, más de medio centenar de defensores y defensoras ambientales han sido asesinados en el Perú, principalmente en la Amazonía, donde las mafias de la tala ilegal, la minería y el narcotráfico avanzan sin control. Solo desde 2021 se registraron 35 crímenes, y hay muchos más que ni siquiera han sido reportados. Pese a ello, el Estado sigue ausente. El país ocupa el sexto lugar más peligroso del mundo para quienes protegen los ecosistemas, según la organización Global Witness.

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Ante esta crítica situación, más de 90 defensores de 20 regiones del país se reunieron en Lima durante tres días en el III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, donde denunciaron la criminalización que enfrentan, las amenazas de muerte que reciben y el hostigamiento judicial que padecen por proteger sus territorios y comunidades.

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"Defender la vida no puede ser un delito"

Desde Ucayali, el líder indígena Rolando Escobar relató que ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia por enfrentar a mafias ilegales: “Nos están criminalizando. Lo que hacemos es defender nuestros derechos y recursos. Pero los asesinatos siguen impunes, como el caso de Edwin Chota, y eso es lo que más duele: la impunidad”.

Javier Ruiz, defensor de la Reserva de Chaparrí en Lambayeque, advirtió que los riesgos no se limitan a la Amazonía. “En todas las regiones donde se alza la voz para proteger los ecosistemas hay persecución. En Lambayeque han asesinado a cinco defensores y casi nadie lo sabe”, dijo, y cuestionó leyes que, en lugar de proteger, facilitan el despojo territorial.

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Durante la conferencia de prensa, Anthony Oscategui, representante de Pasco, pidió al Estado terminar con normas legislativas que perpetúan el crimen ambiental, como la ley Mape (Pequeña Minería y Minería Artesanal). Olivia Bisa, defensora de Loreto, expresó su indignación: “¿Cuál es nuestro delito? Defendemos la vida, no el lucro”.

Por su parte, Miguel Meza, defensor del Valle del Tambo, desde Arequipa, añadió: “venimos levantando nuestras voces ante la contaminación ambiental, pero cuando defendemos nuestros territorios nos someten a la criminalización. Parece que ahora defender la tierra y el agua es un delito. ¡Ante ello, decimos alto al crimen organizado de saco y corbata!”.

Exigen justicia y derogar leyes anti-derechos

El encuentro cerró con un pronunciamiento colectivo que denunció el abandono del Estado, el avance de actividades ilegales en la Amazonía, la criminalización de las protestas en los Andes y la destrucción de economías ancestrales en la costa.

También exigieron justicia, protección real, soberanía territorial, la derogatoria de normas que amenazan sus derechos y una reforma política de fondo que incluya escaños reservados para los pueblos originarios.

“Exigimos la derogatoria inmediata de todas las leyes anti-derechos: la ley antiforestal, la ley REINFO, la ley de despojo territorial, la nueva ley APCI y otras normativas que amenazan nuestras vidas y territorios. Urge una lucha frontal contra las redes de economía ilegal y sus vínculos con el poder político y empresarial”

Asimismo, exigieron el reconocimiento legal de las comunidades campesinas ancestrales y marinocosteras como pueblos originarios, para que cuenten con los instrumentos del derecho internacional, como el Acuerdo de Escazú, en la defensa de sus derechos y territorios.
“El Estado nos ha dejado solos, pero no daremos ni un paso atrás. Defender nuestros territorios es defender el futuro del Perú”, concluyeron.