Juanita Goebertus: “Perú es el país que más rápido se deteriora en el impacto del crimen organizado”
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advierte que el gobierno de Dina Boluarte está sometido a un Parlamento que solo piensa en sus propios intereses.
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Human Rights Watch observa lo que pasa en Perú desde bastantes años ¿Con qué celeridad se están incrementándose este debilitando el sistema judicial?
Entre 2018 y 2024 hubo un incremento del 137% en la tasa de homicidios. Si bien hoy Perú no tiene la tasa más alta de homicidios en la región, si uno compara 2023 con 2024, hubo un crecimiento en el porcentaje de homicidios del 75%. Eso nos muestra que es el país que más rápido se está deteriorando en el impacto del crimen organizado. Hace 3, 4 años veíamos esa tendencia en Ecuador, que hoy tristemente es el país con la tasa más alta de homicidios. Por eso hemos señalado que, con gran preocupación vemos que el gobierno no está poniendo en marcha una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos, y que el gobierno está conectando con el Congreso que ha tomado medidas legislativas que debilitan la capacidad del Estado peruano de luchar contra el crimen organizado y dejan hoy en mayor peligro a los peruanos y peruanas.
Jueces, fiscales y expertos advirtieron al Congreso el peligro de estas medidas, sin embargo, no les hicieron caso. ¿Gente vinculada a la criminalidad habrían influido?
Cada una de las leyes que está aprobando este Congreso con la anuencia del gobierno de Boluarte, deja en más peligro a los peruanos y peruanas frente al crimen organizado que está avanzando. Cuando se reducen los beneficios por colaboración, cuando se reduce la efectividad de los allanamientos y la figura de la extinción de dominio como un mecanismo para cortarle redes de financiación al crimen organizado, lo que se hace es empoderarlo, darle más presencia, permitirle que haga más extorsión, más amenazas, más capacidad de matar gente en todo el territorio.
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Si bien el Congreso ha dado las normas, la presidenta no se las ha observado. ¿Podría hacer algo para evitarlo?
Sin duda, la figura de la Presidencia en Perú no solamente tiene la capacidad de observar, sino que, si tuviese un liderazgo político real podría poner en marcha una estrategia de seguridad y justicia efectiva y protectora de derechos humanos que apunte a fortalecer la investigación técnica judicial, y la inteligencia. En cambio, ha hecho todo lo contrario ha decretado estados de excepción que no han tenido ningún impacto a nivel local. De hecho, lo que muestra el informe es que en aquellas provincias donde se han decretado los estados de emergencia el homicidio se ha mantenido igual o ha crecido. Más bien, le ha restado presupuesto al Poder Judicial al Ministerio Público incluso llevándolo a escenarios en los cuales había un ataque directo a la figura de la fiscal de la Nación generando aún más inestabilidad en el Ministerio Público. Así que la Presidenta es por supuesto corresponsable de esas medidas que ha tomado el Congreso.
El Parlamento y el propio Ejecutivo evalúan el retiro del país del sistema interamericano ¿cómo nos afectaría?
Sería una medida muy preocupante. Quiero confiar en que el procedimiento es tan largo y tiene fases difíciles de cumplir que será inviable que en este Gobierno tome la decisión efectiva de salirse del sistema interamericano. Eso lo pone en una lista terrible de países como Venezuela, Nicaragua, que son dictaduras que se han apartado de cualquier control por parte del sistema interamericano Perú tiene una gran trayectoria entre el sistema interamericano: defensa de derechos de las víctimas, algunas de las jurisprudencias más importantes se construyeron a partir de casos peruanos. Quiero creer que va a pesar más para el pueblo peruano el reconocimiento de que allí hay un escenario de protección de sus derechos independientemente de ideología.
El Congreso ha aprobado el financiamiento privado para las campañas electorales ¿Puede incrementar el riesgo de que ingrese el crimen organizado?
Sí, nos enfrentamos en esta coyuntura tan particular, en un escenario electoral en que ha habido un intento por debilitar las instituciones que dan garantías; y esta medida frente a la financiación de las campañas lo que hace es corromper ese sistema electoral. Creo que el único control que puede existir es una ciudadanía activa, despierta, dispuesta a elegir opciones que realmente estén allí para defender sus derechos.
Para que no coopten lo último el sistema judicial…
El sistema judicial es hoy el último bastión de defensa de esa institucionalidad Por supuesto, como en cualquier otra parte de América Latina ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público son perfectos, pero en general es un poder independiente valiente, capaz de luchar contra la corrupción y es un legado para todo el Perú. Es hoy un ejemplo regional que no debería ser erosionado, pero por supuesto depende de que la ciudadanía peruana se active en la defensa de esa institucionalidad, de ese Poder Judicial.
¿Estamos camino a vivir una dictadura?
Hay que ser cuidadoso en las categorías. Hoy, en América Latina existen claramente tres dictaduras: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lo que yo sí podría decir es que vemos una serie de síntomas de avance de políticas autoritarias. En El Salvador, el gobierno de Bukele ha venido suspendiendo durante tres años el debido proceso, deteniendo a más de 86 mil personas, ahí hay claramente cada vez más la consolidación de un régimen autoritario. Lo que vemos en Perú es un Ejecutivo absolutamente débil, sometido al poder del Congreso, que está disperso fragmentado, dedicado a avanzar en sus propios intereses personales y a fortalecer el crimen organizado. Hoy, Perú camina hacia un Estado fallido sometido al crimen organizado.
























